Supremo decidirá constitucionalidad del “Obamacare”

Mañana dará su dictamen sobre la Ley de Salud Asequible.

Fiscales de 26 estados impugnan en especial el requisito de obligatoriedad de las pólizas de seguro médico a la población.

Fiscales de 26 estados impugnan en especial el requisito de obligatoriedad de las pólizas de seguro médico a la población. Crédito: Aurelia Ventura / La Opinión

Washington.- La Suprema Corte de Justicia tiene previsto emitir mañana su dictamen sobre la constitucionalidad de la Ley de Salud Asequible, popularmente conocida como “Obamacare”, en la recta final hacia las elecciones de noviembre.

La Ley, el mayor triunfo legislativo del presidente Barack Obama y que empezó a ser implementada de manera gradual en 2010, es opuesta por fiscales de 26 estados del país que impugnan en especial el requisito de obligatoriedad de las pólizas de seguro médico a la población.

El máximo tribunal celebró en marzo pasado maratónicas sesiones de argumentos orales y dedicó una jornada particular al llamado “mandato individual”, la disposición que forzaría a los estadounidenses a contar con seguro médico o ser multados a partir de 2014.

La Corte examinó especialmente si la legislación puede sobrevivir en caso que decidan eliminar sólo la obligatoriedad del seguro médico.

Una corte de Atlanta determinó que si la corte decide declarar inconstitucional el “mandato individual”, la legislación puede aún tener existencia y aplicarse el resto de sus disposiciones.

La Casa Blanca sostiene que el mandato es legal bajo la cláusula constitucional de comercio, toda vez que el uso de los servicios de salud no es optativo cuando alguien se enferma y aquellos con seguro terminan pagando la atención médica de aquellos sin seguro médico.

En contraste, los 26 estados que se oponen a la Ley de Salud Asequible desean que el estatuto federal sea abrogado por completo en caso que la Corte decida eliminar el “mandato individual”.

Durante las audiencias el magistrado conservador Antonio Scalia sostuvo que el “mandato individual” es el “corazón” de la ley de salud asequible y eliminarlo equivale a la aniquilación de la legislación.

“Mi enfoque sería que si se extirpa el corazón del estatuto, el estatuto deja de existir”, señaló en una de sus intervenciones.

Pero Edwin Kneedler, quien representó a la administración Obama ante el tribunal, sostuvo que la legislación puede sobrevivir aún sin el carácter obligatorio de la cobertura médica.

“Si la Corte decide (eliminar el mandato individual), debe rechazar la generalizada propuesta de los demandantes de dejar caer la ley en su totalidad en caso que esa cláusula sea inconstitucional”, argumentó.

Encuestas realizadas con motivo de las sesiones de la corte muestran que el “Obamacare” es más popular que cuando fue promulgada, pero a la mitad de los estadounidenses sigue rechazándola por considerar que el estatuto es demasiado liberal.

Un sondeo CNN/ORC encontró en marzo que 43 por ciento de los estadounidenses aprueban la legislación que dio seguro de salud a más de 30 millones de estadounidenses, un aumento de cinco puntos porcentuales en relación con el mes de noviembre.

Sin embargo, un 50 por ciento de los estadounidenses mantiene su rechazo a la ley, considerada uno de los principales logros de la administración Obama, lo que representó un decremento de seis puntos porcentuales respecto de noviembre.

En el caso del “mandato individual”, la población estadounidense está dividida: Un 47 por ciento la apoya y un 51 por ciento la rechaza, a pesar de que abrió la posibilidad de dar seguro a 31 millones de estadounidenses.

Se estima que unos 50 millones de estadounidenses carecen de seguro médico, equivalente a más del 16 por ciento de la población.

La mayor proporción de personas sin seguro recae en aquellos nacidos en el extranjero que no son ciudadanos, en especial los extranjeros de origen hispano, familias con ingresos menores a los $25 mil anuales y jóvenes de menos de 19 años de edad.

Entre las disposiciones que entraron en vigor en 2010 figura la prohibición de la discriminación contra menores de edad con padecimientos pre-existentes, cancelación unilateral de la cobertura, limitaciones a la cobertura y garantía al derecho de apelación.

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