Se intensifica la campaña contra la pena de muerte

Buscando respuestas por la muerte de su hija, Aba Gayle visitó en el ‘pabellón de la muerte’ al hombre que la asesinó.

Su abogado le había dicho que sólo después de la ejecución del sentenciado ella encontraría la paz, pero no pudo esperar hasta ese día y optó por escribirle y, luego, presentarse ante él.

“Me contó que su madre y su hermano se habían suicidado y que a su padre lo habían matado… los dos lloramos. Fue ahí donde entendí que la noche que mi hija perdió la vida, él perdió la suya”, expresó, Gayle, de 78 años de edad.

Gayle es parte de una coalición de agentes del orden, familiares de víctimas de asesinato y personas que erróneamente han resultado convictas y que han logrado poner en la boleta electoral del 6 de noviembre de este año la Proposición 134, también conocida como SAFE California.

Entre ellos está también Bethany Webb, hermana de una de ocho víctimas fatales de una masacre ocurrida en un salón de belleza de Seal Beach, en el condado de Orange, en octubre pasado.

Webb, hija de la única sobreviviente en este incidente, considerado el más trágico en la historia del condado, dice que nunca ha estado a favor de la pena de muerte porque considera que “la diferencia entre alguien que la recibe y alguien que no, es la pobreza”.

Susan Kang Schroeder, jefe de personal de la Procuraduría del Condado de Orange, dijo a La Opinión que buscarán la pena de muerte para este caso.

“La filosofía de la Procuraduría es que algunos crímenes son tan depravados y malignos que el único castigo que se puede aplicar es la pena de capital”, dijo Schroeder.

“El argumento principal de los oponentes de la pena de muerte es que es muy costosa, pero que también cuesta mucho tener a alguien en la cárcel por toda la vida. No sé cómo uno pueda poner un precio a la justicia”, declaró Schroeder.

De ser aprobada SAFE California esta reemplazaría la pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y destinaría 30 millones de dólares al año por tres años para los departamentos de policía con el propósito de resolver casos abiertos de asesinato y violación sexual.

Según Brent Tonick, de la campaña SAFE California, cada año en California quedan sin resolver un 46% de los asesinatos y 56% de las violaciones sexuales reportadas.

Por otra parte, explica Tonick, el Estado gasta 184 millones de dólares para alojar a criminales condenados y administrar la pena de muerte.

“El problema es que no tenemos suficientes recursos en las fuerzas de seguridad. Eliminándolo nos liberaría muchísimo dinero para resolver más casos no resueltos”, dijo.

En California el sistema actual de aplicación de pena de muerte cuesta 137 millones de dólares al año, de acuerdo con la Comisión para la Administración de Justicia, de abolirse la pena capital el costo se reduciría a $11.5 millones.

La mayor parte del costo asociaciado con la pena de muerte ocurre antes y durante el juicio, no en el proceso post sentencia.

Hasta 2012, hay 725 convictos -incluyendo 19 mujeres- en el pabellón de la muerte en California, de esos 126 involucran tortura antes del asesinato, 173 por asesinato de niños y 44 por asesinatos de agentes de policía.

Dado que la pena de muerte en California fue implementada a través de una iniciativa aprobada por los votantes, la única manera de eliminarla sería por el mismo proceso.

Rose Steward, quien en 1984 fue víctima de una violación sexual por parte de un hombre que hizo lo mismo a otras seis mujeres, asegura que ha podido sanar “aún sin la pena de muerte (para el agresor)”.

“Lo vi destruyéndose a sí mismo mientras intentaba destruirme a mí”, manifestó Steward, ahora de 50 años, quien considera que la pena de muerte puede tener un sentido de justicia, pero la ciencia y las estadísticas indican una y otra vez que no funciona en la forma en que se prentendía.

Pero para Collene Thompson Campbell, de 79 años, quien perdió a su hijo, la pena capital no se trata de querer la muerte para el acusado, sino la protección para los vivos.

“Si los asesinos están seis pies bajo la tierra, ciertamente no van a hacer daño a alguien más”, afirmó Thompson Campbell, quien fundó Force 100 y Memory of Victims Everywhere (MOVE), organizaciones a favor de la pena de muerte.

Aqueela Sherrills, de 42 años y padre cuyo hijo fue asesinado en una fiesta cuando tenía 19 años, agregó que “la pena de muerte no impide crímenes violentos ni asesinatos”. Como coordinador de la organización Víctimas de Crímenes por Alternativas a la Pena de Muerte en California, con 700 miembros, dijo que ha visto un aumento en campañas contra este tipo de castigo máximo en los últimos tres o cuatro años.

Nova Reeves recuerda que, en 1990, cuando ella tenía apenas 16 años de edad, Gary Ridgway, mejor conocido como el “asesino de Green River”, mató a su madre. Ridgway fue condenado por los asesinatos de 48 personas, aunque confesó haber matado al doble.

“Por el hecho de haberle ofrecido cadena perpetua, Ridgway confesó y mi familia pudo tener un poco de paz”, expresó Reeves, ahora de 37 años. “De no haber sido así se hubiera llevado la información a la tumba”.