Impune la masacre de 72 migrantes

El gobierno de México no ha investigado la matanza
Impune la masacre de 72 migrantes
Las osamentas no identificadas fueron exhumadas para identificar a migrantes desaparecidos.
Foto: Archivo / EFE

MÉXICO, D.F.– Hace dos años que el padre de Juliard Aires Fernandes parece un “muerto viviente” mientras trabaja de sol a sol las tierras del departamento de Santa Efigenia de Minas, en Brasil, desde donde partió su primogénito en busca del sueño americano, para convertirse en una víctima más del ‘horror mexicano’ en la masacre de San Fernando, Tamaulipas.

Al hombre lo consume la tristeza desde que en 2010 la televisión le arrojó a la cara la fotografía de su hijo localizado en una casa a medio construir del norte de México como parte de un grupo de 72 inmigrantes centro y sudamericanos que fueron secuestrados, torturados y asesinados presuntamente por delincuentes de la banda criminal Zetas.

“Desde entonces no hay ni un minuto sin sufrimiento, apenas habla de él y no para de llorar: es evidente que hay un daño psicológico muy grande, una herida que no cierra porque ni siquiera tiene la certeza de haberlo enterrado”.

Julio de Silveira, de la Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo, resumió ayer en esta capital el drama de las familias de los cuatro brasileños víctimas de aquel crimen en el que murieron también ecuatorianos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños.

El auditorio del abogado Silveira, quien desde el año pasado investiga los abusos contra brasileños en México, fue un foro de evaluación sobre lo ocurrido en San Fernando que reunió defensores de los derechos de los migrantes a dos años del “genocidio” que hasta la fecha no encuentra culpables, ni civiles, ni policíacos ni militares.

Reprocharon al gobierno mexicano la “falta de sensibilidad” para castigar uno de los hechos más “sanguinarios”, “xenófobos”, “inmorales” e “injustos” de la historia patria.

“La impunidad aumenta la violencia”, reprochó el sacerdote Raúl Vera, obispo de Saltillo, Coahuila, una de las zonas con mayor número de reportes por desaparición de migrantes en todo el territorio, que según cifras extraoficiales sumarían 70,000 desde 2006.

“Son eventos de sufrimiento, muerte, tortura y destrucción de familias enteras”.

La familia de Juliard aún sufre la incertidumbre de saber si enterró o no a su muchacho de 20 años. El padre cree que tal vez fue otra persona a quien repatriaron desde México porque cuando abrió el ataúd sólo vio una masa de huesos sin cabeza.

“El gobierno brasileño dijo que hizo las pruebas de ADN de un día para otro y después prohibió abrir los ataúdes de las cuatro víctimas: tres familias obedecieron, pero los Aires no y ahora tienen muchas dudas”.

Autoridades de derechos humanos en México testificaron la ausencia de métodos profesionales para documentar las averiguaciones sobre la masacre.

En noviembre pasado, el ombusdman de Tamaulipas y el Movimiento Migrante Mesoamericano encontró en San Fernando ropa y zapatos que probablemente pertenecieron a las víctimas, posibles evidencias que se recogieron 14 meses después.

“El gobierno mexicano ha fallado hasta con los mínimos requisitos para identificar a los muertos”, describió el ex diputado José Jacques.

A principios de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos contabilizó 8, 898 cuerpos sin identificar en todo el país, 663 de mujeres y 7, 211 de hombres y el resto con sexo indeterminado. La edad promedio es de 30 años y el 80% murió en hechos violentos de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Durango.

A esta realidad del sistema de justicia mexicano se enfrentan los asesinatos de los “sin papeles” cuya condición migratoria los deja en el último escalón de la vulnerabilidad.

En ese contexto, la masacre de San Fernando es emblemática, concluyeron los activistas. “Hay constantes acciones y omisiones del gobierno que lo convierten en cómplices de estos crímenes de estado, de lesa humanidad y genocidio que no se deben olvidar”, dijo el catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.