Desesperación embarga a familias separadas por la deportación

Miles de niños estadounidenses están en hogares temporales porque sus padres fueron deportados.
Desesperación embarga a familias separadas por la deportación
Sandra Payes, guatemalteca que fue deportada, pero cuyo esposo e hijos permanecen en EEUU.
Foto: AP

Segunda parte de una serie

STAMFORD, Connecticut.- Las personas que son deportadas y tratan de ingresar de nuevo ilegalmente a EEUU son consideradas delincuentes y su retorno a su país de origen es una prioridad.

De vuelta en Guatemala, Sandra Payes, casada con un ciudadano americano y madre de tres menores estadounidenses, vivió las mismas experiencias que tantos deportados: soledad, desconfianza y miedo en un país que a esta altura le resultaba extraño. Dice que su hermano fue secuestrado por individuos que pensaron que su esposo estadounidense debía tener dinero para pagar un rescate. Terminó yéndose a México, donde no tiene esperanza alguna y ha contemplado el suicidio.”Quiero que me perdonen”, declaró por teléfono entre sollozos Payes, esposa de Rony Molina y madre de tres menores.

“Siento que me estoy volviendo loca. Extraño a mis hijos. No puedo vivir sin ellos”

En Stamford, mientras tanto, sus hijos también sufren. El menor llora todo el tiempo y el mayor se ha tornado irritable e introvertido. Un archivo del caso incluye testimonios de psicólogos y consejeros sobre la falta que les hace su madre, pero de todos modos le fue denegada una solicitud de visa por razones humanitarias.

“Todos los días ocurren tragedias como estas a medida que los padres son separados por la fuerza de sus hijos y desaparecen” de sus vidas, expresó Nina Rabin, profesora asociada de leyes en la Universidad de Arizona y quien el año pasado escribió el libro Disappearing Parents: A Report on Immigration Enforcement and the Child Welfare System’ (Padres que desaparecen: Informe sobre el servicio de inmigración y el sistema de cuidado del menor).

Rabin, quien es abogada de inmigración, dice que una de las peores experiencias de su vida fue presenciar la “cruel destrucción” de una familia mexicana a la que representó.

La madre, Amelia Reyes Jiménez, cruzó ilegalmente la frontera con César, su hijito ciego y paralítico a cuestas en 1995 para buscar una mejor atención médica para el pequeño, relató Rabin. Se radicó en Phoenix y tuvo otros tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses. En el 2008 fue detenida cuando su hijo incapacitado fue encontrado solo en su casa.

“Cuando me sacaron las niñas, pensé que me arrancaban el corazón”, declaró durante una audiencia en un tribunal del servicio de inmigración. Contó cómo le arrancaron de los brazos a Erica, su bebé de tres meses, mientras los otros hijos, de 7, 9 y 14 años, gritaban “¡Mami!, ¡Mami!”.

Encerrada en un centro de detención, sin conocer sus derechos ni saber lo que sucedía con sus hijos, se declaró culpable de negligencia y a partir de entonces se pasó dos años luchando por conservar la custodia de sus hijos.

Dos veces los jueces de inmigración rechazaron el argumento de que “sus hijos sufrirían mucho si era deportada” y la mujer fue enviada de vuelva a México en el 2010, indicó Rabin.

El año pasado le retiraron sus derechos de madre cuando un juez de Arizona dictaminó que no había hecho lo suficiente para reunir a la familia, algo que según Rabin era imposible en vista de que estuvo detenida por meses sin acceso a asesoría legal y sin que los servicios sociales le informasen acerca de lo que sucedía con sus hijos.

Los niños están en hogares temporales y seguramente serán ofrecidos en adopción. Reyes Jiménez trabaja en una fábrica de teléfonos celulares y llora constantemente por la pérdida de su familia.

Su caso está en un tribunal de apelaciones, pero Rabin dice que, suceda lo que suceda, la familia ya ha sido destruida.

“El caso de Amelia no es algo aislado. Todos los días pasan estas cosas”, dijo Rabin.

Una de las razones de ello, señaló, es la falta de coordinación entre las políticas de inmigración y de los servicios sociales, que generan “situaciones kafkianas” en las que padres e hijos son devorados por el sistema.

Muchos defensores de los derechos de los inmigrantes sin papeles recomiendan a esta población que planifique las cosas para la eventualidad de que sean deportados, dejando incluso poderes para que alguien se haga cargo de la custodia de sus hijos.

El ICE, mientras tanto, insiste en que hace lo posible por mantener la “unidad familiar”.

“El ICE se esfuerza por evaluar los casos que puedan justificar el que una persona sea autorizada a permanecer en el país por razones humanitarias”, afirmó la portavoz Dani Bennett. “En cuanto a los padres que son deportados, les corresponde a ellos decidir si se llevan a sus hijos o no”.

Abogados de inmigración, no obstante, dicen que las cosas no son tan sencillas. Una queja frecuente es que sus clientes “desaparecen” y son enviados a centros de detención lejos de los sitios donde viven. Se les niega acceso a las audiencias en los tribunales de familia, a teléfonos y a abogados. Muchos inmigrantes sin papeles no conocen sus derechos ni saben que peligra la custodia de sus hijos.

Las leyes estipulan que los estados le quiten los derechos de padre a quienes están ausentes 15 de 22 meses consecutivos, y en algunos casos el plazo es más corto todavía. Ha habido ocasiones en las que los consulados de otros países interceden para que una persona deportada no pierda la custodia de sus hijos.