Demandan al Estado por ley
El grupo, representado por Legal Aid Foundation de Los Ángeles, interpuso ayer en la Corte Superior del condado de Los Ángeles una demanda en contra del estado de California.
Martha Arguello, de Médicos por Responsabilidad Social, dijo que no es justo que una compañía compre una ley. Crédito: Isaías Alvarado / La Opinión
Casi un año ha pasado desde que un eufórico gobernador Jerry Brown imprimió su firma en la ley SB292, que aceleró la revisión de las regulaciones ambientales del proyecto de construcción del estadio Farmers Field en el centro de Los Ángeles.
Pocos políticos faltaron al evento, convocado por el gigante del entretenimiento AEG y que se realizó en el oeste del Centro de Convenciones de la ciudad, donde se planea edificar el recinto deportivo.
A decir de la coalición “Juego Limpio en Farmers Field”, este acto demuestra cómo el desarrollador inmobiliario AEG tiene el poder para “comprar” una legislación que le ha permitido evitar requisitos que afectan sus intereses, a costa de la salud de 260,000 residentes de vecindarios.
Con este argumento, el grupo, representado por Legal Aid Foundation de Los Ángeles, interpuso ayer en la Corte Superior del condado de Los Ángeles una demanda en contra del estado de California.
“No existe ninguna razón bajo la constitución para crear excepciones a CEQA [Ley de Calidad del Medio Ambiente de California] para un solo proyecto”, expresó Fernando Gaytán, de Legal Aid Foundation. “Para el bien del ambiente, la salud de los residentes impactados y la integridad de la Constitución, esta ley debe ser eliminada”, pidió el abogado.
La demanda reclama que la SB292, cuyo autor es el senador Alex Padilla, ha enviado a la Corte de Apelaciones las controversias ecológicas en torno al proyecto de construcción del estadio, reduciendo así las posibilidades de que residentes de bajos ingresos puedan oponerse a la obra en los tribunales.
“No es justo que esta compañía ha podido comprarse una ley que nos impide proteger el ambiente”, reclamó Martha Dina Arguello, del grupo Médicos por Responsabilidad Social en Los Ángeles.
“Sin las completas protecciones de CEQA no podremos entender todos los impactos del proyecto, ni litigar y prevenir esos daños. Si no combatimos los impactos ecológicos la gente que vive en esas comunidades pagará con su salud”, advirtió Arguello.
Los detractores del estadio Farmers Field, que costará $1,300 millones y tendrá una capacidad para más de 70,000 espectadores, afirman que el proyecto causará más contaminación y tráfico, e impactará el valor de las propiedades en vecindarios como Pico-Union, South LA y centro de la ciudad.
“[La SB292] quita protecciones fundamentales a nuestro sistema judicial. Es anticonstitucional proveer agilización para un grupo rico y con interese especiales”, mencionó el abogado Dan Stormer.
AEG no comentó sobre la demanda.
El senador Padilla, por su parte, dijo estar confiado en la constitucionalidad de la SB 292 y resaltó que el nuevo estadio representa más de 23,000 empleos. “Sí, este proyecto tendrá un impacto, un tremendo impacto positivo. Las provisiones clave de la ley requieren que sea construido bajo los más altos estándares ambientales”, indicó el legislador.
Steve Richardson, uno de los demandantes, afirmó que los barrios vulnerables deben gozar las garantías que tienen las comunidades de altos ingresos. “Los residentes de Los Ángeles no apoyarán a legisladores estatales ni a otros funcionarios electos que crean más lagunas jurídicas para millonarias promotoras inmobiliarias”, comentó.
Así, usando palabras de la jerga deportiva, el abogado Stormer explicó esta controversia: “La legislación se involucró en una conducta antideportiva; la corte, nuestro árbitro, los penalizará y al final tendremos un campo de juego en mejores condiciones”.
