México revisa la ley de Alabama
Sindicato asegura que ese estado viola acuerdo de libre comercio
En esta foto de archivo, el Sindicato de Empleados de Servicio marcha en Los Ángeles en protesta por ley antiinmigrante. Crédito: Aurelia Ventura / La Opinión
BIRMINGHAM, Alabama.- El gobierno mexicano revisa la denuncia interpuesta por un sindicato en Estados Unidos en la cual afirma que el combate a la inmigración ilegal por parte del estado de Alabama infringe el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Un funcionario de la Secretaría del Trabajo de México confirmó la revisión en una carta que difundió el jueves la organización gremial que presentó la denuncia, el Service Employees International Union (Sindicato Internacional de Empleados de Servicios).
El sindicato y un grupo de abogados mexicanos presentaron en abril una denuncia en la que alegan que la ley de Alabama dirigida contra los inmigrantes sin permiso para estar en el país infringe las protecciones garantizadas a los trabajadores migrantes en un convenio anexo al TLCAN (también denominado NAFTA por sus siglas en inglés).
En la carta, el gobierno mexicano asegura que ha solicitado a Estados Unidos el inicio de conversaciones en conformidad con el acuerdo.
El sindicato asegura que la ley, parte de la cual ya fue declarada inconstitucional en cortes federales, es discriminatoria.
“Esperamos que una revisión más amplia a la ley discriminadora de Alabama haga evidente su devastador impacto en los trabajadores, en el potencial de la ley para que se viole el salario mínimo y el pago de tiempo extra, y en la libertad de asociación de los trabajadores que se supone deberían estar protegidos por la cláusula laboral del TLCAN”, dijo en un comunicado Eliseo Medina, tesorero del sindicato.
Jeremy King, vocero del gobernador Robert Bentley, declaró que la referida ley trata de asegurar que la gente que viva en Alabama lo haga legalmente “y no hay nada injusto al respecto”.
Bentley, un republicano, promulgó la ley en 2011 después de que la aprobó la legislatura donde los republicanos eran mayoría.
En agosto, una corte federal de apelaciones derogó una parte de la ley que ordenaba a las escuelas públicas verificar el estatus migratorio de los nuevos estudiantes, pero el tribunal también determinó que la policía podrá solicitar un comprobante de ciudadanía a sospechosos que sean detenidos.
Los jueces también se pusieron del lado de los críticos de la ley al eliminar secciones que volvían delito dar refugio a inmigrantes que no contaran con permiso legal de estadía; que estos inmigrantes buscaran empleo o que no contaran con documentos de registro.
