Acción Diferida tiene en pánico a empleadores en EE.UU.
Temen que les radiquen cargos por haber contratado personal indocumentado
Nueva York, 26 Sep – Agricultores y pequeñas empresas de Estados Unidos, que contrataron indocumentados, están preocupados de ser procesados tras ser expuestos sus nombres en solicitudes de Acción Diferida de jóvenes que piden se aplace su deportación.
Según un artículo del diario The New York Times, este temor se basa en que quienes piden este beneficio migratorio, solicitan a sus antiguos empleadores pruebas de que trabajaron con ellos para poder demostrar que han vivido al menos cinco años en este país.
Sin embargo, los empleadores que acepten este pedido podrían reconocer que, a sabiendas del riesgo de ser procesados, contrataron a un trabajador no autorizado, lo que representa una violación de la ley federal.
El campo minado para los empleadores es uno de los riesgos que han aparecido en el programa de deportación diferida desde que la agencia a cargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, comenzó a recibir las solicitudes el 15 de agosto.
En el primer mes, la agencia, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, ha recibido unas 82 mil solicitudes, cifra que las autoridades dicen demuestra que el programa está a un ritmo rápido.
Pero con más de 1,200,000 jóvenes inmigrantes que se estima son inmediatamente elegibles para el programa, algunas organizaciones a favor de los inmigrantes dicen que el número de solicitudes es más bajo de lo esperado, en parte por las dificultades inesperadas.
Manuel Cunha, presidente de la Liga de Agricultores Nisei en California, dijo a la publicación que el Departamento de Seguridad Nacional no ha sido muy amistoso con el sector agrícola.
Señaló que el sector ha sido blanco de revisiones y que se desconoce ahora si después de dos años el programa sea renovado.
“Y entonces la agencia podría ir tras los empleadores por contratar a extranjeros indocumentados”, expresó Cunha.
Si los jóvenes cumplen todos los requisitos el gobierno les concede la Acción Diferida y por separado reciben los permisos legales de trabajo, pero no ganan un estatus legal de inmigración.
El diario añadió que un particular dilema es el que enfrentan los agricultores y otros negocios en todo el país que dependen de la mano de obra barata.
Muchos jóvenes inmigrantes trabajan medio tiempo para ayudar a pagar la universidad y otros trabajan después de abandonar la universidad, ya que no obtuvieron los descuentos de matrícula o las ayudas financieras a causa de su condición migratoria.
Según el Instituto de Política Migratoria, un grupo de investigación, unos 740 mil inmigrantes elegibles de aplazamiento de deportación hacen parte de la fuerza laboral.
