México empieza reforma de sus leyes laborales

MÉXICO, D.F.– El congreso mexicano discute una Reforma Laboral después de 42 años de mantener casi en la inmovilidad las reglas para las relaciones sindicales, empresariales y laborales ante una dura clase política que permaneció renuente hasta que el presidente Felipe Calderón la empujó como “iniciativa preferente”.

Calderón estrenó esta figura constitucional creada en meses pasados para obligar al Legislativo a trabajar en menos de 60 días las propuestas que el Ejecutivo envíe con este concepto.

La propuesta original de Reforma Laboral contempló, entre otros cambios, una mayor transparencia de los sindicatos, pero el artículo 373 se echó por tierra en la Cámara de Diputados –donde se discute actualmente- por la oposición de los principales líderes de los gremios del país, controlados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el argumento de que tal situación implicaría una injerencia.

– ¿De quién?- se preguntó al diputado Ricado Aldana, secretario de Finanzas del Sindicato Petrolero, perteneciente a la príista Confederación de Trabajadores de México (CTM).

– Del gobierno? ¡Eso no lo vamos a permitir!, dijo. ¡Viola la autonomía sindical!

La autonomía sindical ha sido un alegato tramposo, según diputados del oficialista Partido Acción Nacional (PAN): la iniciativa del presidente no pidió rendición de cuentas para las autoridades, sino de los líderes para los trabajadores sobre los ingresos por cuotas sindicales y su destino, así como auditorías externas.

“En todo momento cualquier trabajador tendrá el derecho de solicitar información a la directiva, sobre la administración del patrimonio del sindicato” – detallaba la propuesta- de lo contrario, podría acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Los sindicatos mexicanos son acusados de corrupción interna y corporativismo que han servido de plataforma financiera para impulsar figuras políticas en diversos niveles de gobierno, desde la Presidencia de la República, gobernadores, alcaldes e incluso congresistas.

Más allá de los temas gremiales, la Reforma Laboral tiene “bondades” que son bien vistas por la mayoría de los congresistas como la penalización para empleadores de trabajo infantil –menores de 14 años- y hasta los 18 años en caso de labores de peligro, como el caso de los mineros.

También obliga a los trabajadores a denunciar “situaciones de riesgo inminente que puedan poner en peligro su vida, integridad física o salud o las de sus compañeros de trabajo” y las penaliza.

Castiga por primera vez el acoso sexual, la discriminación laboral por razones de género, preferencia sexual, embarazo o raza y describe por primera vez el concepto de productividad para optimizar los factores humanos, materiales, financieros y tecnológicos que concurren en la empresa.

El dictamen de la Ley Laboral deberá subirse al pleno a más tardar el próximo domingo. Posteriormente pasará al Senado que tendrá 30 días más para ratificarla o rechazarla.

En las discusiones de la Comisión del Trabajo de la Cámara Baja, los legisladores izquierdistas se reservaron 300 de los 1004 artículos y “alertaron” sobre el detrimento del salario por la contratación por hora (originalmente se planteaba en poco menos de un dólar) y las empresas Outsourcing.

Martí Batres, del Partido de la Revolución Democrática dijo que la reforma es un “atentado” contra los derechos del trabajador. “Facilita el despido, aumenta los empleos temporales, contratos a prueba, de iniciación, por hora y bajará el nivel de las condiciones de trabajo porque se dificulta la renovación de las dirigencias sindicales y el derecho de huelga”.

Parte de estas aparentes desventajas derivarían – según Batres- de la introducción del concepto de las empresas subcontratistas o intermediarias contempladas por primera vez en la ley mexicana, una situación que descartó el diputado del oficialista Partido Acción Nacional (PAN), Juan Bueno.

“El concepto de outsourcing es muy importante: le ha dado vida a mucha inversión que ha venido a nuestro país, el problema es que, sin reglamentación, se ha utilizado para escatimarle a los trabajadores prestaciones laborales y por eso es necesario describir qué son estas empresas, sus obligaciones y limitaciones”.

El artículo 13 de la iniciativa de Calderón contempla a las subcontratistas como “solidarias” con la empresa original para hacerse responsables de los derechos de los trabajadores y penaliza a quien utilice el outsourcing en forma dolosa.