Gobierno investiga fraude hipotecario

WASHINGTON, D. C.- Tras un año de investigaciones el Gobierno de Estados Unidos presentó cargos contra 530 personas que habrían estafado a 73 mil víctimas en todo el país por fraudes hipotecarios valuados en cerca de mil millones de dólares, según informó ayer el Departamento de Justicia.

La escena ya se ha repetido muchas veces como para no conocerla. Una empresa o persona se ofrece a ayudar a un propietario que está a punto de perder su casa. A cambio de una suma de dinero le explica que se puede prevenir el embargo de la vivienda renegociando el préstamo y le cobra por esa asesoría. Al final la persona pierde su casa y su dinero.

El fraude se ha convertido en un problema cada vez más preocupante en el país tras la crisis inmobiliaria y promete seguir vigente mientras las personas continúen perdiendo sus hogares.

De acuerdo con estadísticas de CoreLogic and Amherst Securities, desde septiembre de 2008 hasta marzo de 2011 se registraron 3.5 millones de ejecuciones hipotecarias además de 1.4 millones en proceso de completarse.

Actualmente 2.4 millones de hogares están bajo el agua, es decir que el dueño debe más en la hipoteca que el valor de la residencia. Además, 1.5 millones de propietarios tienen comprometida su historia de pagos y 3.5 millones llevan más de 60 días retrasados.

Cerca de 25% de los prestatarios afroamericanos e hispanos han perdido sus casas o están con un riesgo serio de experimentar un embargo, comparado con un 12% en la población blanca.

No sorprende entonces que durante el último año, el gobierno se haya enfocado en el fraude hipotecario a través de diversas agencias y departamentos. De hecho, durante los últimos tres años, la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) registró un aumento de 300% en el número de casos asociados a los fraudes hipotecarios.

Los resultados divulgados ayer son el producto de la “Iniciativa para Propietarios en Apuros”, dedicada a investigar crímenes que se enfocan en este grupo vulnerable.

Agencias como el FBI y los Departamentos de Vivienda (HUD) y Justicia (DOJ), además de la Comisión Federal de Comercio (FTC), son algunas de las entidades gubernamentales involucradas.

“Esta iniciativa sin precedentes, encabezada por el FBI, se puso en marcha para ayudar y avanzar en las investigaciones y condenas contra los estafadores que se han aprovechado de los estadounidenses que luchan por mantener sus hogares. Y ha sido un modelo de éxito”, dijo el Procurador General, Eric Holder.

“Es muy importante tener este tipo de medidas. Esperamos que continúe para que logre un impacto mucho mayor. Las personas y empresas dedicadas al fraude emergen con mucha facilidad y rapidez”, aseguró José García, analista del Consejo Nacional de La Raza.

“Los estafadores usan logos institucionales, llaman a tu casa, te buscan, ya que los datos de embargos hipotecarios son públicos. La gente debe asesorarse por un consejero de vivienda aprobado por HUD”, agregó.

California ha sido una de las zonas más afectadas con este problema. En el área de Los Ángeles, el mes pasado se acusó a 11 individuos por su supuesta participación en una estafa de modificación de préstamos, que implicó cerca de cuatro mil víctimas, muchas de las cuáles perdieron sus viviendas.

DOJ anunció que el Comité sobre Derechos de Víctimas para el Grupo de Trabajo de Fraude Financiero junto con el Consejo de Planificación Financiera Certificada y la Fundación para la Planificación Financiera darán servicios de consultoría gratuita a las personas afectadas en California.