Aprueban iniciativa para subir impuestos en Los Ángeles

La propuesta de elevar de 8.75% a 9.25% la tasa de impuestos a las ventas en la ciudad de Los Ángeles recibió luz verde en el Concejo Municipal, que la consideró una opción real para resolver su crisis estructural y evitar más recortes nominales y de servicios básicos.

Si esta medida, que estaría en la papeleta electoral el 5 de marzo de 2013, es aprobada por los votantes, el municipio alcanzaría una de las tasas tributarias de este tipo más altas de California, cobrando más que sus vecinos de Glendale, Pasadena y Burbank.

Ello le permitiría generar unos 220 millones de dólares al año, útiles ahora que analiza recortar 259 puestos de trabajo para cerrar un hueco de 16.6 millones de dólares en el presente ciclo.

No es la única iniciativa que subiría impuestos. Los concejales pidieron a la Procuraduría local redactar otras tres piezas legislativas para cobrar 39 dólares por parcela en beneficio de los parques y aumentar la tasa tributaria por transferencia de documentos y ocupación en lotes de estacionamiento.

“Son distintas alternativas para reducir el déficit estructural”, indicó Miguel Santana, jefe de la Oficina Administrativa de la Ciudad (CAO), que insiste en la reducción nominal para cerrar el déficit.

Este miércoles, la mayoría de los concejales recibió con agrado la idea de subir medio centavo al impuesto a las ventas y desechar las otras iniciativas, afirmando que generarían pocos ingresos y despertarían un fuerte rechazo de los votantes.

“Prefiero poner todas las energías en el impuesto a las ventas”, dijo el concejal Bernard Parks. “No tiene sentido proponer pequeños impuestos que generarían oposición en la boleta, en lugar de un alza que cubriría gran parte del hueco fiscal que tenemos”, comentó su colega Paul Koretz.

Al final, las cuatro medidas recibieron el visto bueno para no detener su consideración en la elección de marzo de 2013. Los ediles piensan que posiblemente algunas queden fuera.

Desde 2009, la ciudad de Los Ángeles ha perdido casi 5,000 plazas de trabajo, resultando en la plantilla laboral más reducida desde 1993, cuando Tom Bradley era alcalde. Actualmente se propone eliminar 259 puestos de la Policía, Procuraduría, el Cuerpo de Bomberos, entre otros departamentos.

Por primera vez desde el inicio de la recesión, el Ayuntamiento ha puesto la mirada en subir impuestos. Según el CAO, unas 40 ciudades de California consideran lo mismo por supervivencia. “Los Ángeles no es la única que presenta esto”, recalcó Santana. “Es para mantener servicios”, dijo.

Tom LaBonge, concejal del Distrito 4, reconoció que los contribuyentes suelen oponerse a pagar más impuestos, pero subrayó que el municipio tiene pocas alternativas para sobrellevar su crisis estructural. “Necesitamos esa inversión en Los Ángeles”, expresó.

Pero no todos los ediles están de acuerdo, afirmando que ahuyentaría a los negocios. “Lo que hacemos es regresar con el argumento de subir esto y aquello”, dijo el concejal Dennis Zine, del Distrito 3.

“No puedes discutir que incrementar impuestos impide la llegada de nuevas empresas”, expresó por su parte Jan Perry, representante del Sur de Los Ángeles y candidata a la Alcaldía.

Fuera del Cabildo, los grupos empresariales se oponen a dichas iniciativas. “Estamos discutiendo el aumento de impuestos a residentes y propietarios de negocios en una de las ciudades del país que más cobra impuestos”, señaló Doug Arseneault, director de asuntos legislativos de la Asociación de Industrias y Comercios del Valle de San Fernando (VICA).

“Hay una variedad de propuestas que pueden traer ingresos sin llevar medidas a la boleta”, añadió.

Antes de emitir un voto final en el Cabildo para incluir el alza al impuesto a las ventas en la papeleta, se dará a conocer un reporte independiente sobre el impacto en la economía local, indicó Santana.

Por otro lado, el Concejo decidió aplazar (dándole pocas opciones de vida) el debate sobre contratar abogados para redactar sus piezas legislativas, una responsabilidad de la Procuraduría local. Los ediles alegaron que crearía otra burocracia, reduciría aún más el presupuesto de la Fiscalía y crearía conflictos de interés con los bufetes jurídicos.

“No apoyo nada más que darle fondos a la Procuraduría para hacer su trabajo”, expresó el concejal Zine.

La dependencia podría perder 50 abogados el 1 de enero de 2013 si no se resuelve el déficit fiscal.