Aparece un nuevo Arpaio en EEUU

WASHINGTON, D.C.— “Como una política de miedo y discriminación contra hispanos”, así califican grupos locales y residentes de Alamance, Carolina del Norte, el estilo del Sheriff Terry Johnson. Ayer, el Departamento de Justicia (DOJ) hizo eco de estas y otras acusaciones, a través de una demanda en su contra.

Este es el segundo litigio del gobierno, contra un sheriff de alto perfil, cuyo detractores lo comparan con Joe Arpaio, de Arizona. “Él siempre ha negado discriminación contra latinos, pero es una mentira. La gente acá no quiere manejar, no quiere salir, muchos de ellos se han ido para sus países”, cuenta a La Opinión José Rico, vocero de NC Dream.

“Tienen miedo y están enojados. Lo único que anhelan es vivir en paz. Hemos visto muchos casos. Se sienten acosados. Pierden el trabajo, los paran, detienen por no tener licencia. En esta zona hay gente muy conservadora, anti inmigrante”, agrega.

Una investigación de dos años, realizada por DOJ y difundida en septiembre pasado, acusó a Johnson de prácticas discriminatorias contra hispanos. Entre ellas se menciona “enfocarse ilegalmente en latinos, durante las detenciones vehiculares”.

Además, especifica que el sheriff y el liderazgo de la oficina de Alamance, en Carolina del Norte, “instruye explícitamente al personal, para realizar actividades de control de tráfico y seguridad con latinos”.

De acuerdo a la investigación realizada por DOJ, los conductores latinos en el condado de Alamance son detenidos en una proporción 10 veces mayor que personas no hispanas.

Hasta ahora, el sheriff ha negado todos los cargos y no ha modificado en absoluto el entrenamiento y directrices con que maneja a su personal.

En la demanda, el gobierno asegura que el problema comenzó en 2007. Esto coincide con la firma de un Memorando de Entendimiento con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), donde se implementó el programa 287g. Este permitía a autoridades locales ejercer funciones de inmigración.

Según Gloria, residente de Alamance -quien prefiere no divulgar su apellido-, la manera en que la oficina del Sheriff ejerció esta facultad, terminó con su matrimonio. En 2008 dos oficiales, que se hicieron pasar por detectives, arrestaron a su familia.

“Ellos querían que yo firmara unos documentos. Cuando les dije que no, me obligaron a poner mi huella digital. Mi hija y yo conseguimos salir, gracias a la ayuda de la comunidad, pero mi ex marido y mi hijo fueron deportados a México y a raíz de eso, mi matrimonio se acabó”, cuenta a La Opinión.

“En ese tiempo había redadas y retenes de tráfico. Yo batallé para superar todo esto, pero no había mucho que uno pudiera hacer. El novio de mi hija, por ejemplo, fue detenido por una infracción de tráfico falsa y fue deportado”.

Este año ICE terminó con el programa 287g en la zona, sin embargo, en la opinión de Gloria, el trato hacia los indocumentados no ha cambiado.

En la demanda entablada por DOJ, el gobierno asegura que las prácticas lideradas por Johnson “privan a los hispanos de sus derechos bajo las enmiendas 4 y 14 de la Constitución. Para prevenir que el demandado continúe con estas actividades inconstitucionales, esta acción busca alivio declaratorio y por mandato judicial”, detalla el documento.

El condado de Alamance cuenta con 153,291 residentes. Un 66.9% de su población es blanca, mientras un 19.2% es afroamericana y 11.4% latina.

El gobierno exige un cambio en la conducta de los oficiales, además de la implementación de política y procedimientos que ofrezcan una solución a las prácticas discriminatorias, entre otros puntos.

Contactados por La Opinión, la oficina de Johnson no emitió comentarios.