Aanalizan ley del voto en Arizona
Se intenta evitar que voten indocumentados al exigirle prueba de ciudadanía a todo residente del estado antes de sufragar
Imagen de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, D. C. La corte escuchará hoy los argumentos sobre la legalidad de una ley aprobada por el electorado de Arizona relativa al proceso electoral. Crédito: Archivo AP
WASHINGTON, D. C. La Corte Suprema de Estados Unidos analizará esta semana la validez de una ley de Arizona que intenta evitar que voten los inmigrantes en situación irregular al exigir prueba de ciudadanía a todos los residentes del estado antes de depositar su voto en los procesos electorales de alcance nacional.
La corte escuchará hoy lunes los argumentos sobre la legalidad de una ley aprobada por el electorado de Arizona que requiere que los electores demuestren su ciudadanía, mientras que otros defienden el uso del documento expedido al amparo del registro automovilístico que no requiere dicho documento.
Este caso está centrado en la inscripción electoral en Arizona que, con frecuencia, ha peleado con el Gobierno federal sobre el tema de la inmigración ilegal a lo largo de la frontera con México. Empero, tiene amplias ramificaciones porque Alabama, Georgia, Kansas y Tenesí tienen requisitos similares y otros 12 estados analizan ahora mismo una ley similar, según las autoridades.
La Casa Blanca ha respaldado las impugnaciones a esa ley.
Si Arizona puede exigir prueba de ciudadanía, “cada estado podría imponer todo tipo de medidas más allá de la ley federal”, dijo el Defensor del Pueblo, Donald B. Verrilli Jr., en un documento judicial.
Un tribunal federal de apelaciones derogó la parte de la Propuesta de ley 200 de Arizona que exige mayores requisitos para el registro electoral pero solamente después de que fue aprobada por tribunales federales inferiores.
Arizona quiere que la corte restaure el requisito.
Kathy McKee, que encabeza el movimiento para incluir la propuesta en la votación, dijo que el fraude electoral, incluyendo los inmigrantes en situación irregular, sigue siendo un problema en Arizona.
Los oponentes de la ley de Arizona la consideran un ataque a los grupos electorales vulnerables como minorías, así como a ciertos inmigrantes y a la tercera edad.
