Seguridad a largo plazo

Actual mandatario se fijó un tiempo de un año para reducir la violencia
Seguridad a largo plazo
El presidente Enrique Peña Nieto en conferencia de prensa en su último día de gira por Italia.
Foto: Notimex

MÉXICO, D.F.— Las diferencias entre el presidente Enrique Peña Nieto y su antecesor Felipe Calderón para enfrentar la inseguridad radica en los tiempos. El actual mandatario no tiene prisa para ver reducida la violencia y se fijó ayer un plazo de un año, mientras que para su predecesor los resultados inmediatos fueron su dolor de cabeza.

¿Qué hago con los delincuentes que ya están en las calles vendiendo droga, que son secuestradores, homicidas, extorsionadores?, cuestionaba Calderón a los críticos de su estrategia de confrontación directa que Peña Nieto busca minimizar aunque mantiene el Ejército en las calles.

“Dejar de hablar solo del tema de delincuentes, de la captura de capos y bandas criminales es uno de los mayores aciertos del actual gobierno”, observó José Fernández Santillán, analista de seguridad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. “México es mucho más que eso”.

En los primeros meses de su Administración, Peña Nieto anunció cambios concretos en las políticas de seguridad con el claro objetivo de guardar distancia a las tácticas que costaron al país más de 70 mil muertes y 26 mil desaparecidos y aunque las ejecuciones continúan a un ritmo de mil muertes mensuales, la percepción de inseguridad disminuyó, según encuestas recientes.

Peña dio un giro de imagen al desaparecer a la Secretaría de Seguridad Pública, una institución que idearon los gobiernos federales del Partido Acción Nacional a partir de Vicente Fox (2000-2006) para restar poder a una omnipresente Secretaría de Gobernación.

En lugar de secretario de Seguridad Pública el país tiene ahora un “comisionado” que proviene de gobiernos de izquierda y está subordinado al titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong.

Manuel Mondragón Icalb, ex procurador de justicia del DF, será el encargado de la nueva Gendarmería Nacional que comenzará a operar a finales de año como una fuerza de seguridad federal itinerante que “irá a donde sea requerida” para reforzar estados y municipios en el combate a delitos comunes: robos, secuestros, homicidios…

Para el combate a la delincuencia organizada, Peña dejó atrás las espectaculares capturas de presuntos delincuentes y dividió al país en cinco regiones con el argumento de que cada una de ellas requiere atención diferenciada, según el cártel predominante, subordinados y rivales.

En el noroeste, el de Sinaloa y Juárez; en el noreste, los Zetas; en Occidente, la Familia, los Templarios y Jalisco Nueva Generación; al centro, los Beltrán Leyva y en el sureste los traficantes de indocumentados.

En cada una de las zonas nombró coordinadores de estrategia. Personajes destacados de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), que operarán en coordinación con los mandatarios estatales, quienes también son mayoritariamente priístas.

Fernández Santillán, del ITESM observa en este esquema un mejor futuro que la “centralización de la seguridad” como en su momento fue la SSP a cargo del polémico Genaro García Luna, el brazo derecho de Calderón en el tema.

El Programa Nacional de Prevención de Delitos es otra de las medidas que suma aplausos de la opinión pública para la presente administración. “Antes por cada peso que se invertía en políticas sociales se usaban 204 para confrontación”, recuerda Javier Oliva, experto en temas de seguridad en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Peña Nieto etiquetó alrededor de 10,000 millones de dólares en políticas de prevención que endosó a nueve secretarías: Desarrollo Social, Educación, Salud, Economía, Trabajo y Desarrollo Urbano, entre ellas. Las secretarías son un modelo que Calderón implementó con relativo éxito en Ciudad Juárez.

“El nuevo Gobierno está cosechando algunos aciertos que Calderón no pudo ver porque los resultados eran a largo plazo como el mando único de las policías, el sistema oral de procuración de justicia y hasta la presencia del Ejército en las calles”, observa Samantha López, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

“El mérito de Peña será ahora en mejorar lo que se hizo bien y quitar lo que no ha funcionado y el tiempo lo dirá, ahora es precipitado hablar de resultados”.