Los jueces de Obama
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El presidente tiene derecho a elegir a quien quiera como juez para los tribunales. Esa es una potestad aceptada por los votantes que, al elegir a un mandatario, aceptan su filosofía judicial.
Esta autoridad no está siendo reconocida por la minoría republicana del Senado, que abusa de la función constitucional de la Cámara Alta de “consentir y asesorar” la designación de jueces para evitar que Obama deje su marca en el poder judicial, como los presidentes anteriores.
Por eso no sorprende la reacción negativa en la bancada republicana a la designación presidencial de ayer, de tres candidatos, al importante por su jurisdicción Tribunal de Apelaciones del DC Incluso cuando uno de ellos trabajó en la previa Administración republicana y otro ya había sido confirmado con anterioridad, sin problemas, a un tribunal federal.
Estas designaciones siguen la línea establecida por la Casa Blanca de apostar a la diversidad, en este caso dos mujeres y un afroamericano, en vez de dar prioridad a la ideología, como en el caso de George W. Bush.
Sin embargo, para el senador Chuck Grassley, el principal republicano en el Comité Judicial, este es un intento de Obama de llenar ideológicamente este tribunal compuesto por 11 jueces. El celo del senador para mantener la mayoría conservadora en D C es tan grande que ha presentado una inusual ley para reducir su tamaño y así evitar que Obama cumpla con una de las misiones para el cual fue electo.
El equilibrio entre jueces demócratas y republicanos en los tribunales varía según el partido que tiene la presidencia, aunque el ritmo de esta dinámica se ha ido alterando con la estrategia obstruccionista surgida desde la bancada republicana del Congreso.
La meta republicana es mantener la mayoría de jueces con una visión judicial restriccionista, opuesta a los intereses del consumidor, a los derechos de las minorías y las protecciones del individuo.
La designación de Obama abrirá una batalla judicial. Esto ocurrirá principalmente, tal como en el pasado en otros temas, por el obstruccionismo para promover una ideología judicial que fue rechazada en las urnas.
