Protestó abusos, terminó en ICE
Era empleado de subcontratista federal, ahora enfrenta deportación
Antonio Venegas, indocumentado, trabajó durante tres años en un restaurante en el mismo edificio donde está la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en Washington D. C. Crédito: Suministrada
Antonio Vanegas, un guatemalteco indocumentado, trabajó durante tres años en un restaurante de comida rápida de uno de los edificios más impresionantes de Washington: el World Trade Center, ubicado sobre la Avenida Pennsylvania, a escasas dos cuadras de la Casa Blanca.
Pero un día de mayo decidió unirse a una huelga de unos 100 compañeros que, cómo él, trabajan para contratistas del gobierno federal en propiedades que también son del gobierno, como este majestuoso edificio, el más grande de Washington que lleva el nombre del ex presidente Ronald Reagan, y otros, como los museos Smithsonian o Union Station y, sin embargo, ganan salarios muy bajos, inferiores al salario mínimo en la capital del país.
“Por tres años ganaba 6.50 (dólares) la hora. Había semanas que trabajé más de 70 horas”, dijo Vanegas en una entrevista telefónica con La Opinión. “Luego de involucrarme en la campaña del sindicato me subieron a 9 dólares. Pero después de nuestra huelga me arrestaron”.
Luego de esa protesta, y de declarar ante el Congreso pidiendo atención para estos trabajadores, Antonio se presentó a trabajar y tres días después, al pasar la seguridad, le incautaron la tarjeta de identificación que siempre había usado, lo arrestaron y lo entregaron a las autoridades migratorias.
Antonio, originario de Guatemala, había pasado desapercibido durante tres años en el mismo edificio de Washington en el que también están las oficinas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
“Estuve detenido por cuatro días en Virginia. Nunca me dijeron por qué me detuvieron específicamente. Me detuvieron el sábado y me soltaron un martes, pero con una carta que dice que tengo que presentarme el 22 de agosto”, dijo Antonio.
Paco Fabián, portavoz del sindicato Change to Win, involucrado en organizar la protesta de los trabajadores, dijo que lo extraño es que el joven Antonio sólo tuvo problemas con seguridad después de participar en la protesta y huelga de un día que fue reseñada en el periódico más importante de la ciudad, el Washington Post.“Imagino que esto no le cayó bien a alguien”, apuntó Fabián.
Brandon A. Montgomery, portavoz de ICE, informó que Antonio fue liberado bajo supervisión del programa de Alternativas a la Detención (ATD).
“Su caso está pendiente. ICE está enfocado en aplicar la ley de manera efectiva y razonable, poniendo prioridad a la deportación de delincuentes y severos violadores de las leyes migratorias”, dijo el portavoz.
El salario mínimo de Washington D.C. es 9.19 dólares, pero los salarios de muchos trabajadores federales y de contratistas están regulados por leyes especiales de la Ley de Contratos y Servicios, que manda establecer un nivel mínimo para posiciones de bajos salarios como guardias de seguridad, conserjes y otros. Pero esto no cubre a trabajadores que trabajan en espacio rentado en edificios o museos federales.
Luego que Antonio y otros trabajadores se presentaran ante el Congreso, varios congresistas manifestaron a la prensa su desacuerdo con su situación. No está claro que hasta ahora se hayan tomado medidas al respecto, excepto que poco días después Antonio y otros dos trabajadores, no identificados, fueron arrestados.
Un reciente estudio de Demos, un think tank de D.C., estimó que en el país hay 2 millones de trabajadores que ganan menos de 12 dólares la hora que trabajan para el gobierno federal o para contratistas directos del mismo.
“Como Antonio trabaja para un contratista del gobierno federal, el propio presidente puede exigir un estándar diferente para esos trabajadores. En el caso de otros, como los que trabajan para Medicare, Medicaid, la acción tendría que venir del congreso. Pero en el caso de contratistas directos, una orden ejecutiva sería suficiente”, dijo Robert Hiltonsmith, co autor del reporte de Demos que evaluó el problema. Antonio está defendiéndose de una posible deportación con la ayuda legal del sindicato, pero no se arrepiente de haber dado la cara. “Mi realidad es difícil, claro. Estoy aquí solo, no tengo familia acá sino en Guatemala, pero son cientos como yo en esa situación”, dijo.
Para Fabián, se trata de que los contribuyentes sepan que sus dólares de impuestos están usándose para pagar salarios ínfimos. “Queremos pedirle al presidente que tome acción ejecutiva para lograr que quienes trabajan en edificios federales por lo menos ganen un salario digno y tengan beneficios”.
