Arpaio, el inefable

Un intento para destituir al sheriff del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, fracasó ayer al no reunirse las firmas necesarias.

Un intento para destituir al sheriff del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, fracasó ayer al no reunirse las firmas necesarias. Crédito: Archivo / AP

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Hay personajes que son sencillamente inefables. Uno de ellos es Joe Arpaio, quien se ha ganado a pulso el título de ser uno de los hombres públicos más odiados por la comunidad latina.

En los últimos cinco años, el sheriff del condado de Maricopa, en Arizona, ha sembrado el terror entre los inmigrantes al ordenar 73 redadas en calles y centros de empleo que se han traducido en la deportación de más de 500 personas, es decir, más de 500 familias separadas, abandonadas a su suerte y presas de un sufrimiento indescriptible.

Pero, sorpresivamente, ahora Arpaio ha declarado que quiere cambiar su imagen y restaurar la relación con los latinos. Con este propósito recientemente invitó a un grupo de pastores de habla hispana a visitar la prisión del condado de Maricopa y también apareció como invitado especial en un programa bilingüe de una estación de radio local.

Lo más seguro, sin embargo, es que los esfuerzos de Arpaio por acercarse a los latinos sean en vano, no sólo porque el daño que ha causado es tan grande que difícilmente se olvidará sino porque el veterano sheriff se niega a cambiar.

A pesar de que enfrenta una demanda del gobierno federal por prácticas discriminatorias ilegales en las redadas que ha ordenado contra los latinos, Arpaio se mantiene firme en su deseo de continuar con estos arrestos.

Debido a la demanda, en los últimos meses el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha cerrado docenas de casos de deportación de individuos arrestados en centros de trabajo en Maricopa, donde la policía utiliza de manera rutinaria el perfil racial para seleccionar a los detenidos.

Amparado por las leyes estatales de Arizona, Arpaio insiste en que las redadas son necesarias para atacar el creciente problema del robo de identidad y rechaza que su objetivo sea deportar a indocumentados, una tarea que recae dentro del ámbito federal. Pero lo que no dice es que el robo de identidad es un delito que se castiga con la deportación.

De esta forma, mientras los abogados de Arpaio y los del gobierno federal siguen sus negociaciones para llegar a un acuerdo antes de que termine agosto, la comunidad latina de Maricopa continúa bajo el terror de las redadas. Éstas, por cierto, fueron instauradas en junio de 2008 supuestamente para sancionar a empleadores que a sabiendas contrataban a indocumentados. Pero desde ese entonces a la fecha, sólo tres dueños de negocios han sido multados.

Arpaio, a quien muchos en el Partido Republicano consideran un héroe, no puede quedar bien con dos amos al mismo tiempo. Es claro que durante todos estos años su misión ha sido deportar al mayor número posible de indocumentados latinos utilizando para ello el perfil racial. No puede ahora tratar de engañar a la comunidad diciendo que desea cambiar y, al mismo tiempo, continuar con sus mismos métodos discriminatorios para detener a trabajadores latinos. Si le queda algo de vergüenza, lo único que puede hacer es aceptar su responsabilidad y las consecuencias de su comportamiento, entre ellas el bien ganado rechazo de los latinos.

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