Juez: ilegal la Orden Especial 7

La ordenanza municipal con la que conductores sin licencia tienen la oportunidad de recuperar sus vehículos sin tener que esperar los 30 días de corralón forzado, conocida como Orden Especial 7, fue declarada ilegal por un juez del condado de Los Ángeles.

El juez Terry Greene tomó la decisión ayer, pero la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), dijo que apelará el fallo.

Hasta ayer el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no había hecho ningún cambio en sus operaciones, por lo que continuaba con la misma política de no confiscar de manera prolongada los vehículos de quienes no tienen licencia.

Si la Corte de Apelaciones da entrada a la petición de ACLU, que se presentaría en las próximas dos semanas, la Orden Especial 7 podría seguir aplicándose al menos por siete meses más, hasta que haya un fallo final, explicó el abogado Michael Kaufman.

Pero si no se acepta la apelación, la medida desaparecerá de inmediato y las compañías de grúas y de almacenaje de vehículos volverían a tener más actividad.

“No sabemos cuándo el juez firmará su fallo, tal vez en un par de días, pero vamos a pedir a la Corte de Apelaciones que suspenda ese fallo mientras transcurre el proceso y estamos confiados que lo hará”, dijo Kaufman, abogado de ACLU.

La Orden Especial 7 fue establecida en febrero de 2012 por el jefe del LAPD, Charlie Beck, para que automovilistas sin licencia no tengan que esperar 30 días de almacenamiento (y desembolsar $1,500 dólares) para recuperar su vehículo cuando es confiscado por la policía. Para ello los automovilistas sin licencia tienen que presentar seguro, registro del vehículo y no tener antecedentes penales.

Sin embargo, a los dos meses de entrar en vigor la Orden Especial 7, el sindicato del LAPD, conocido como la Liga Protectora de Policías de Los Ángeles (LAPPL), y el grupo conservador Judicial Watch, interpusieron una demanda bajo el argumento de que esa medida se contrapone a la ley estatal y pone en riesgo de responsabilidad civil a los agentes.

Tyler Izen, presidente de la LAPPL, declaró que el motivo de presentar esta demanda fue para defender a los policías que estaban en un dilema, si cumplir con la Orden Especial 7 o con el Código Estatal de Vehículos.

“La decisión de litigar no fue tomada a la ligera y no fue una posición sobre la política de inmigración o la situación de los inmigrantes indocumentados en este país”, aseguró el presidente de la LAPPL.

Pero hay quienes consideran que el asunto es meramente económico, ya que el director ejecutivo de la compañía de grúas Official Police Garage (OPG), la cual tiene el contrato para el arrastre y resguardo de vehículos decomisados por el LAPD, es Eric Rose, quien funge como vocero de la LAPPL.

Martín Terrones, representante de la Coalición de Inmigración del Sur de California (SCIC), dijo que se trata de un mismo grupo quien controla el sindicato y la compañía de grúas.

“Es algo que los beneficia económicamente”, mencionó. “Ahora con la posibilidad de una ley que ofrezca licencias a los indocumentados, lo cual tendrá tremendo impacto en sus negocios, ellos en este momento necesitan que la Orden Especial 7 desaparezca para ganar más dinero”.

Cuando el mes pasado el juez hizo públicas sus intenciones de eliminar la Orden Especial 7, dijo Terrones, fue sorprendente el aumento en el número de retenes del LAPD.

La demanda que presentó la LAPPL y Judicial Watch, fue peleada por ACLU en representación de CHIRLA y LA Voice, organizaciones que consideran que el obligado decomiso de carros durante 30 días afecta de manera desproporcional a las comunidades de más bajos ingresos.

“Nos desilusiona la orden del juez y a la vez nos alienta que ha indicado que los policías tienen que usar la discreción necesaria bajo la ley, lo cual permite una posibilidad de poder cambiar mentes y corazones dentro del LAPD para que no se hagan tantas inautaciones de carros”, comentó Jorge Mario Cabrera, portavoz de CHIRLA.

“El tener licencia de manejo va a ser sumamente importante en este caso y evitará que las incautaciones incrementen, por eso urgimos al gobernador que firme la ley y que el DMV implemente una sistema lo más pronto posible”, agregó.