Detenido alcalde en Venezuela

Oficialista es arrestado tras inicio de plan contra la corrupción

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (izq.), cuando presentó  la solicitud de poderes especiales para  luchar contra la corrupción.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (izq.), cuando presentó la solicitud de poderes especiales para luchar contra la corrupción. Crédito: EFE

CARACAS, Venezuela (AP).— Las autoridades locales detuvieron por presunta corrupción a un alcalde de la ciudad centro costera de Valencia, hasta ahora es la figura de mayor peso entre los oficialistas que ha sido arrestada tras el inicio de un plan de combate a la corrupción.

La Fiscalía General anunció ayer domingo en un comunicado que el alcalde oficialista de Valencia, Edgardo Parra, fue apresado la víspera en su residencia por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional —la policía política— “por estar presuntamente vinculado con hechos de corrupción ocurridos durante su gestión”.

Parra ocupa la alcaldía de Valencia, que es una de las principales ciudades del país, desde el 2008.

La detención de Parra se realizó poco después del arresto de dos personas, Victoria López y Bell Romero James, quienes fueron señalados de tener una “especie de oficina paralela que manejaba los negocios que unas 14 cooperativas y empresas realizaban con la alcaldía de Valencia”, indicó la Fiscalía.

López y Romero serían imputados de los delitos de “concertación de funcionario público con contratista”, “asociación para delinquir” y “lavado de dinero”, informaron las autoridades.

Parra, quien era investigado desde hace unos días junto a su hijo, dijo el pasado viernes a la prensa que estaba abierto a cualquier averiguación, y expresó que “si hay algún miembro de mi familia involucrado en actos de corrupción que asuma su responsabilidad”.

El funcionario oficialista confirmó que su hijo mayor, que ha sido involucrado en las investigaciones, salió del país hace dos semanas por negocios de importaciones.

El arresto del alcalde oficialista se da cuatro días después de un fuerte discurso contra la corrupción que pronunció el presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional donde solicitó una ley habilitante para obtener poderes especiales para legislar durante un año sobre normativas relacionadas con el manejo irregular de fondos públicos y temas económicos.

Al defender la solicitud de la ley especial que es rechazada por la oposición, Maduro dijo que el combate a la corrupción “es un asunto crucial, trascendente, de vida o muerte para la República Bolivariana. Si la corrupción sigue reproduciéndose y perpetuando su lógica capitalista de destrucción, aquí no habrá socialismo”.

Al día siguiente del discurso de Maduro un tribunal del centro del país acordó el enjuiciamiento del ex gobernador oficialista del estado central de Guárico, Luis Gallardo, y cinco ex funcionarios de su equipo de Gobierno por presuntos hechos de corrupción. Gallardo y sus colaboradores fueron apresado a finales de junio.

Maduro inició en junio pasado, dos meses después de asumir el Gobierno, un plan de combate a la corrupción. Como parte de ese proceso han sido detenidas unas 278 personas entre julio y octubre, informó a mediados de semana la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

Entre los detenidos figuran el jefe del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria de la terminal portuaria del estado costero de Vargas, Carlos Sánchez Atencio, encausado por lavado de dinero y asociación para delinquir; y el director nacional de Inspección y Fiscalización del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Tryno Martínez Calderón, procesado por extorsión y portación ilícita de un arma de fuego.

El Gobierno ha utilizado el plan de combate a la corrupción para intensificar sus ataques contra la oposición. El líder opositor y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, ha desestimado la cruzada anticorrupción asegurando que el plan de Maduro es solo “cuento” porque “no cae ningún pez gordo, porque si persiguen a todos, se quedarían sin Gobierno”.

A finales de julio la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional le retiró la inmunidad al diputado opositor Richard Mardo para permitir a la Fiscalía General investigarlo por los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales.

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