En vilo suerte de condenado

Detienen ejecución de mexicano por falta de datos sobre inyección
En vilo suerte de condenado
Ramiro Hernández Llanas debía ser ejecutado el miércoles, pero una jueza ha pospuesto la fecha indefinidamente.
Foto: Archivo

AUSTIN, Texas (EFE).— Una jueza federal de Houston, Texas, paralizó ayer dos ejecuciones inminentes, una de ellas de un preso de nacionalidad mexicana, porque argumenta que el estado texano no facilita suficiente información sobre el compuesto químico que se usa en esta práctica.

De esta forma, la orden judicial de la jueza Vanessa Gilmore bloquea la ejecución hoy del preso Tommy Lynn Sells y también la del miércoles de Ramiro Hernández Llanas, de nacionalidad mexicana, según recoge el documento que la corte federal facilitó a EFE.

“La corte suspende las ejecuciones previstas de los demandantes hasta que la información identificada se produzca”, concluye la jueza en su orden de cinco páginas.

Así, las ejecuciones quedan bloqueadas hasta que el estado rompa el secretismo en torno a la procedencia de las sustancias usadas en las inyecciones letales y revele el nombre de los proveedores de estos componentes sedantes introducidos en la inyección letal.

La jueza pide que se facilite a los dos presos la “plena revelación del producto con el que Texas causará su muerte” y poder así hacer uso de la información sobre el dolor que podrían afrontar para abrir una posible acción judicial.

Para la jueza, no tener detalles sobre los componentes viola los derechos constitucionales de los presos.

El Departamento de Justicia Criminal de Texas obtuvo hace dos semanas una nueva provisión del fármaco pentorbital, un sedante, y alegó razones de seguridad para no hacer público el proveedor de la sustancia ni otros detalles sobre el componente.

La posible ejecución de Hernández Llanas, de 44 años, abría de nuevo la tensión internacional porque el estado de Texas escenificaría un nuevo desacato a la resolución de la Corte Internacional de Justicia, el llamado “Fallo Avena”, que en 2004 ordenó la revisión de 50 casos de mexicanos condenados a pena capital. A estos mexicanos en EEUU no se les habría respetado su derecho a la notificación y asistencia consular.

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