Editorial: Perdieron los inmigrantes
Fallo judicial perjudica a los menores de edad que tramitan su residencia
El crecer no debería ser motivo de castigo, especialmente para quienes están esperando acción por parte de la lenta burocracia migratoria.
Incluso si la Suprema Corte de Justicia piensa lo contrario.
La cuestión es si los menores de edad indocumentados que están tramitando sus papeles pueden mantener su lugar en la lista de espera al cumplir la mayoría de edad, o si bien al tener 21 años pierden su sitio y deben ir “al final de la línea” para comenzar de nuevo.
En respuesta a esta duda, el Congreso creó en 2002 la Ley de Protección al Estatus del Niño donde establecía cinco categorías preferenciales de transferencia automática. De manera tal, cuando el menor pasa los 21 años entra a otra categoría pero retiene como fecha inicial la del tramite comenzado por los padres. Los legisladores comprendían la injusticia de castigar a estos menores por las demoras de cinco, 10 o más años.
Pero la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) decidió que esta ley tiene ambigüedades que resolvió de la manera más estricta, dejando en pie una sola categoría en vez de cinco. Y aunque un tribunal federal de apelaciones rechazó esa interpretación de la ley, finalmente la mayoría en la Corte Suprema dijo este lunes que la BIA, como agencia federal, tiene el derecho a resolver como se le dé la gana las ambigüedades de la ley.
Para la minoría, cuya opinión fue escrita por la jueza Sonia Sotomayor, la ley es lo suficientemente clara y no hay ambigüedades en el estatuto.
En el caso ganó la interpretación restricta del BIA, no porque tenga razón en su punto de vista, sino porque los jueces protegen su decisión sin importar cual sea. Les bastó con declarar poca claridad en una ley para luego decidir lo que querían.
El fallo de 5 contra 4 es un golpe a la ley de 2002, cuya intención era proteger a los menores indocumentados y cuyo alcance es ahora es cinco veces menor.
Es un castigo injusto a los jóvenes que deberán ir al final de la línea para comenzar de nuevo su proceso migratorio a pesar de ya llevar años esperando por sus papeles.
Es una sanción inapropiada, porque el retraso es burocrático y la misma burocracia es la que luego decide limitar su interpretación y mandarlos al final, al punto cero, como si ellos tuvieran alguna responsabilidad.
