“La Comandanta” Nestora Salgado espera su libertad

MÉXICO – Nestora Salgado cuenta los días para salir del penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, aunque su liberación es un asunto político, dice su esposo, Luis Ávila, quien desconfía de que la Procuraduría de Justicia de Guerrero desista de las acusaciones de secuestro en contra de su mujer, que lideró la Policía Comunitaria en el municipio indígena de Olinalá.

“A veces pensamos que es atole con el dedo”, afirma en entrevista telefónica con este diario desde Seattle, el estado que dio la ciudadanía estadounidense a su mujer y que hoy aboga por ella.

El fin de semana pasado, el gobernador del estado de Guerrero, Rogelio Ortega, emitió un comunicado de prensa en el que anunció la solicitud del Ejecutivo al ministerio público estatal para que éste desista de las denuncias en contra de Salgado, de 43 años, presa en el penal de Tepic.

“La Comandanta“, como se la conocía en la región que la vio nacer, no la pasa bien en prisión: el marido asegura que no le dejan llamarla y sólo tiene noticias de su precaria salud –padece de neuropatía aguda– cuando la visita su hija y se la pone al teléfono.

Así se enteró de que está aislada y sólo sale a caminar cuando la guardia está de buenas.

“De vez en cuando la juntan con otra mujer que es lesbiana y la acosa. Nestora cree que esa compañía se la ponen a propósito, para molestarla”, dice Ávila.

Entre las personas que han intervenido a favor por el caso de Salgado se encuentra el congresista de EEUU Adam Smith, quien recientemente aplaudió en un comunicado la decisión del gobierno de Guerrero de desistir de la denuncia: “Su estado (Washington) espera muy pronto el regreso”.

Entre quienes están en contra se encuentran los activistas Alejandro Martí e Isabel Miranda, de las organizaciones SOS y Alto al Secuestro, por considerar que la acción promovida por el gobernador es “ilegal y contrario a derecho” aún cuando un juez federal previamente desestimó los cargos contra Salgado por delincuencia organizada.

En Guerrero, como en muchos estados del país, la justicia está supeditada a negociaciones políticas porque el procurador es designado por el gobernador y porque la gente ha tenido que tomar la seguridad por su propia mano.

En las comunidades indígenas como Olinalá, la Policía Comunitaria o Autodefensas están legalmente autorizadas por la ley de usos y costumbres aunque no se habían constituido hasta marzo del 2013 cuando Salgado –quien vivía unos meses ahí y otros en Seattle- tomó el control.

En ese contexto Salgado detuvo a seis personas por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos algunos adolescentes por los que la familia la demandó penalmente, bajo acusaciones de secuestro. Argumentaron que les pedía dinero por la libertad, aunque no dieron pruebas ni antes ni después de que el Ejército y la Policía Estatal fueron a por ella, hace año y medio.