La funcionaria que se niega a casar a parejas gay lleva cuatro matrimonios

Kim Davis, la secretaria del condado de Rowan, en Kentucky, era un mujer poco conocida antes de ser electa para el cargo el pasado mes de noviembre por los votantes. Antes que ella, su madre ocupó el mismo cargo durante 40 años, 26 de los cuales Davis trabajó como su empleada.

Durante la campaña electoral, David, de 49 años de edad, dijo que no quería cambiar las cosas en la oficina donde se realizan actividades relacionadas con licencias, impuestos y asuntos electorales, “solo hacer un buen trabajo”.

Pero Davis no solo ha creado una revolución en la oficina, sino también ha puesto a Rowan en los titulares nacionales al desafiar la orden de una corte para emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo y ahora enfrenta cargos por mala conducta y una audiencia este jueves para determinar si está en desacato a la corte. 

Mientras tanto, la funcionaria ha dicho que no tiene planes de dejar su cargo y pidió de nuevo este miércoles a un juez que la libere de la obligación de emitir licencias de matrimonio.

Incluso Davis se ha convertido para unos en héroe “por defender los principios morales” y en blanco de críticas y escrutinio para quienes abogan por la igualdad en los derechos civiles. Mientras, las revelaciones sobre su propia vida marital han comenzado a surgir: cuatro matrimonios con tres diferentes hombres.

“Yo pago su salario”

Desde junio pasado, cuando la Suprema Corte falló que las parejas gay tienen el derecho constitucional para casarse, Davis pidió ser excusada de emitir licencias de matrimonio a personas en general argumentando que el emitir licencias a parejas del mismo sexo violaría sus creencias religiosas, pero a pesar de que la Corte falló en su contra, la mujer se negó a hacerlo.

De este modo, la servidora pública desde hace mucho tiempo ha provocado la ira de las parejas que dicen que tienen derecho a que les case en su condado natal el secretario cuyo salario proviene de sus impuestos.

“Yo pago su salario”, dijo David Moore el martes pasado inclinándose sobre el escritorio de Davis después de que ella se negó a emitir una licencia para él y su socio, David Ermold. “Yo pago para que me estén discriminando este momento, eso es lo que estoy pagando”.

“Haz tu trabajo”, gritó alguien más, pero la mujer se metió a su oficina y cerró la puerta.

¿Quién es Kim Davis?

Davis, de afiliación política demócrata, ha vivido toda su vida en el condado de Rowan, una zona rural al este de Lexington. El 95% de la población es blanca, de acuerdo con datos del censo, y el 30% vive por debajo del nivel de pobreza. De acuerdo con la Associacion of Religious Data Archives, la mayoría son evangélicos cristianos.

Los miembros de Iglesia Apostólica, a la que pertenece Davis no toman alcohol, no fuman, visten de manera modesta y muchas mujeres no se cortan el pelo.

Davis, quien usa faldas largas y lleva el pelo hasta la cintura, es muy activa en la iglesia, según documentos de la corte. Asiste semanalmente a los servicios religiosos y dirige un estudio de biblia para mujeres en una cárcel local.

Un cambio de 180 grados

Davis está siendo representada por la firma legal Liberty Counsel, la cual provee asistencia legal gratuita para “promover la libertad religiosa, la santidad de la vida y la familiar”, según indica en su página web, pero el  Southern Poverty Law Center sostiene que esta firma legal es “un grupo de odio contra la comunidad LGBT”.

Davis, quien se identifica como apostólica cristiana, sostiene que emitir licencias a parejas del mismo sexo es “una decisión entre el cielo y el infierno”.

Pero de acuerdo con documentos obtenidos por The Washington Post, Davis ha estado casada cuatro veces con tres hombres diferentes. Tiene tres divorcios en los últimos 21 años.

Pero el presidente de la firma Liberty Counsel, Matthew Staver, dijo a US News and World Report que la historia marital de su clienta no es relevante y los matrimonios y divorcios ocurrieron antes de que ella se convirtiera a la Iglesia Apostólica cuatro años atrás.

“Ella tuvo un cambio de 180 grados”, dijo Staver.

En un comunicado, Davis escribió: “Quiero continuar cumpliendo con mis funciones, pero también estoy pidiendo lo que nuestros fundadores imaginaron – que la conciencia y la libertad religiosa serían protegidos. Eso es todo lo que pido. Nunca he tratado de estar en esta posición, y me gustaría mucho no haber sido colocada en esta posición “.

¿Cuáles son las consecuencias para Davis?

Debido a que Davis es una funcionaria electa no puede ser despedida de su cargo por rehusarse a cumplir con la orden de la corte y, de ser encontrada culpable de mala conducta, podría ir a prisión hasta por un año.

También la Legislatura estatal puede impugnar su cargo, algo que no es muy probable, dado que la mayoría de los votantes en Kentucky se oponen al matrimonio entre parejas del mismo sexo.