Plan de Ajuste, azote al bolsilos de los trabajadores

San Juan

El esperado plan de ajuste fiscal contempla extender el arbitrio a las corporaciones foráneas por otros cinco años, completar la implementación del Impuesto de Valor Agregado (IVA) y modificar la contribución sobre las residencias, edificios comerciales e industriales que cobran los municipios.

Asimismo, el plan propone extender la vigencia de la Ley de Sostenibilidad Fiscal por otros seis años y un programa de reducción de personal escalonado, incluiría la consolidación de agencias y la venta de activos del Gobierno.

Sobre todo, y por primera vez en su historia, el plan contempla renegociar las Obligaciones Generales, cuyo repago está atado a una promesa explícita en la Constitución de Puerto Rico. La renegociación también incluiría los bonos pagaderos con el Impuesto a la Venta y Uso (IVU), conocidos como Cofina.

La propuesta de renegociación -si se lleva a término- representaría el primer impago de una jurisdicción estatal estadounidense en la historia.

Tales medidas forman parte de un centenar de estrategias que el gobierno puertorriqueño tendrá que poner en marcha en cuestión de semanas. Ello, a fin de que las dependencias públicas puedan continuar operando en el presente año fiscal, habida cuenta que tanto agencias y corporaciones públicas están cortas por unos $3,000 millones. A cinco años, y de no hacerse nada, la deficiencia del gobierno alcanzaría unos $27,786 millones.

Un vistazo rápido al plan divulgado hace unos minutos apunta a que al cabo de cinco años, las iniciativas vinculadas a fiscalización e impuestos implicarán sacar del bolsillo de los contribuyentes unos $9,469 millones.
Plan de Crecimiento Económico y Fiscal
En tanto, los recortes en el gasto público, incluyendo la reorganización del Departamento de Educación y los programas de salud del Gobierno supondrían recortes de $4,914 millones, si las estrategias contenidas en el plan se implementan en su totalidad.

Las propuestas también incluyen una dosis de reformas estructurales que van desde las aprobaciones de exenciones al salario mínimo y los días de enfermedad y vacaciones hasta el desarrollo de alianzas público privadas, cuyos ingresos vayan a pagar planes de retiro en el servicio público.

La propuesta incluye además, reducir las contribuciones a las empresas y reinstalar el crédito por empleo del que se benefician particularmente los llamados trabajadores pobres.

A renegociar los GOs

Pese a los ajustes, el plan concluye que los gastos y la capacidad de ingresos del Gobierno no son suficientes y que en la alternativa, el camino es renegociar la principal deuda del estado.

Solo para este año, el pago de los GOs, aquella deuda con garantía del Gobierno central y otras obligaciones como Cofina, y la deuda de corporaciones públicas e incluso, la UPR rondaría unos $3,205 millones. Al cabo de cinco años, el servicio a la deuda de esas partidas totalizaría unos $15,935 millones.

Partiendo del informe, la propuesta de renegociación aplicaría a poco más de la mitad de la deuda pública de Puerto Rico, estimada en unos $72,000 millones.

La propuesta de renegociación del GO  implicaría el inicio de un terreno incierto en materia jurídica para Puerto Rico. Ello, porque el gobierno puertorriqueño ha emitido deuda a través de 18 entidades distintas que, en muchas ocasiones, dependen mutuamente de los ingresos que se reciben o se garantizan entre sí. En ciertas instancias, se establece que los ingresos de una corporación pública podrían retenerse por el Gobierno central para pagar a los bonistas.

Impago

Como resultado, la histórica renegociación del GO, podría implicar el impago de otras corporaciones públicas como la Autoridad de Carreteras y Transportación, por ejemplo. Al presente, casi una tercera parte de la deuda pública del gobierno puertorriqueño está en manos de empresas y de individuos que hacen negocios o residen en esta isla caribeña.