ONG que llevó a juicio a Pérez Molina: clave está en la protesta social y la ley

ONG que llevó a juicio a Pérez Molina: clave está en la protesta social y la ley
Foto: Univision

En Guatemala, tanto el Presidente Enrique Peña Nieto, como el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso y los funcionarios involucrados en escándalos como los audios de OHL ya hubieran sido sometidos a proceso judicial. La Constitución de ese país –que acaba de encarcelar por corrupción a su Mandatario y a la Vicepresidenta– no le da ningún tipo de fuero a quienes ostentan un cargo público, de acuerdo con el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) de la Nación centroamericana.

El Cedecon fue una de las primeras –“si no es que la primera”– organización de Guatemala que empezó a hacer públicos los argumentos legales que existían para enjuiciar al Presidente Otto Pérez Molina por corrupción.

Alexander Aizenstatd, vicepresidente del Cedecon, señaló que fue posible encarcelar a Pérez Molina gracias a que coincidieron distintas cuestiones jurídicas, políticas y sociales.

Pero tres elementos que fueron clave son el hecho de que la Constitución no le otorgue al Presidente ningún tipo de fuero, la participación de una comisión independiente del extranjero para que la investigación se realizara conforme a la Ley y las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía.

“El marco legal no ha cambiado, no se tocó, no hubo ningún cambio a nivel de la Ley”.

El Presidente no tiene inmunidad sino una garantía que se llama antejuico y lo único que requiere es que el Congreso declare previamente que hay motivos suficientes para llevar a juicio al Presidente ante un tribunal: si tienes un demanda la presentas ante un juzgado, se lleva a la Corte Suprema y la Corte lo lleva ante el Congreso”, explicó.

“Desde que se emitió la Constitución, no hay protección al Presidente”, destacó Aizenstatd.

El Artículo 165 de la Carta Magna de Guatemala, en su inciso H establece que “corresponde al Congreso de la República declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente o vicepresidente de la República” y estipula que dos terceras partes del Congreso deben votar a favor de la renuncia del Mandatario para que pueda ser encarcelado.

En México, en febrero de 2013, el Legislativo suprimió el fuero constitucional para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), diputados locales y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, pero dejó intacta la inmunidad para el Presidente de la República, que puede perderla sólo en casos de traición a la Patria y delitos graves del orden común, previa declaratoria del Senado de la República.

“Lo que tenemos en Guatemala se llama ‘antejuicio’ y es una protección más débil que el fuero constitucional, los presidentes y altos funcionarios no tienen la inmunidad, lo que tienen es que es necesario que el Congreso declare que se debe investigar al Presidente. Cuando concluye su periodo ya no tiene ni siquiera la protección del antejuicio”, explicó el entrevistado.

“El antejuicio es una protección muy grande, pero no lo es tanto comparada con la de México, y ahora hay un clamor muy grande contra el antejuicio que ha servido para dar inmunidad a muchos funcionarios, pero en el caso de Pérez Molina, la protesta social obligó a los diputados, pero en otras circunstancias habrían votado en contra”, expresó.

–Estamos hablando de que bajo las leyes guatemaltecas ahora ya estaríamos viendo al Presidente de México [Enrique Peña Nieto] y a sus secretarios de Hacienda [Luis Videgaray Caso] y al de Comunicaciones y Transportes [Gerardo Ruiz Esparza], sometidos a juicio por los escándalos de las casas y los contratos…

–Seguramente que sí. Es que allá en México ellos tienen una protección muy grande que les da la Ley. Aquí la denuncia la puede presentar cualquier ciudadano y basta que lo decrete un juez para que el Presidente o altos funcionarios puedan ser separados de sus cargos y encarcelados, o pueden seguir en sus cargos, pero bajo proceso, depende de la gravedad de la acusación.

LA PRESIÓN CIUDADANA

El ex Presidente guatemalteco fue encarcelado luego de descubrirse su participación en el expediente llamado “La Línea” un caso de corrupción a través de una red de contrabando en las aduanas de ese país.

El caso se hizo público el 16 de abril de 2015 cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –un ente independiente que opera en el país desde hace ocho años– involucró a varios altos funcionarios del Gobierno de Pérez Molina como Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidencia y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en una sofisticada red de contrabando en las aduanas de ese país centroamericano. Conforme avanzaron las investigaciones, la vicepresidenta Roxana Baldetti tuvo que renunciar al cargo a principios de mayo, en medio de marchas multitudinarias que pedían también la salida del Mandatario.

El 20 de mayo de 2015, la CICIG y el Ministerio Público guatemalteco hicieron público un nuevo caso de corrupción a gran escala, esta vez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); los miembros de la junta directiva del IGSS fueron conducidos a prisión acusados de haber otorgado un contrato a la empresa mexicana Pisa para el tratamiento de diálisis peritoneal por medio de sobornos. La empresa no tuvo la infraestructura adecuada para el tratamiento y el IGSS había tenido que rescindir el contrato el 13 de mayo de 2015 porque había decenas de pacientes con peritonitis y más de diez fallecidos. A este caso siguió otro, conocido como el Caso Redes, que involucró al ex secretario de la presidencia y yerno de Otto Pérez Molina.

El 21 de agosto de 2015 la CICIG y el Ministerio Público giraron una orden de captura contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

En la conferencia de prensa que ambas entidades ofrecieron informaron que evidencias obtenidas durante los operativos del 16 de abril de 2015 demostraron que Juan Carlos Monzón no era el líder de “La Línea”, sino el Presidente y la ex Vicepresidenta y sugirieron que ambos habrían estado involucrados antes de ser electos.

Baldetti fue detenida y enviada a prisión el 21 de agosto. El 2 de septiembre, Pérez Molina presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el Congreso de la República el 3 de septiembre. Ese mismo día un juez ordenó prisión provisional para el Mandatario.

Previo al proceso de votación en el Congreso, según explicó Aizenstatd, se integró por sorteo –mediante una tómbola y a la vista de todo el pleno– una comisión de cinco diputados para investigar el caso y formular una recomendación, posteriormente, por unanimidad, los legisladores votaron para someter a juicio a Pérez Molina.

“Tuvimos la fortuna de que dentro de la Comisión quedó una Diputada que es una figura importante en la lucha contra la corrupción, Linette Montenegro, que se aseguró de que la Comisión trabajara y en un par de días estuviera el dictamen. Ella no salió del Congreso en 48 horas, se llevó su maleta y obligó a la Comisión a trabajar hasta que saliera el dictamen”, recordó el abogado.

El papel que jugó el Cedecon en el encarcelamiento de Pérez Molina y Baldetti fue que fuimos de las primeras, si no es que la primera organización que pidió la renuncia del Presidente, “desde abril hicimos el pronunciamiento público antes de todas las manifestaciones. Pedir la renuncia era un acto legal porque nosotros, con el respaldo de académicos del derecho sosteníamos que era constitucionalmente viable, y lo que aportamos también fue fundamentar que la constitucionalidad no consiste en mantener a ciertas personas en sus puestos cuando no cumplen con la ley”.

La organización argumentó el llamado “derecho de petición”, es decir, que “uno le puede solicitar a cualquier funcionario público que renuncie”, pero también se apeló a que la institucionalidad no se garantiza si un representante gubernamental no se compromete a respetar el Estado de Derecho.

“Los funcionarios están para garantizar la dignidad del cargo y que cumplan con la Ley”, dijo.

“Guatemala está pasando por un momento único, inesperado y que ha permitido que las manifestaciones de ciudadanos exijan que el sistema funcione, porque las leyes no han cambiado, lo que ha cambiado es la disposición de las autoridades públicas para cambiarlas y para eso ha sido fundamental el trabajo de la CICIG y algunos indicadores que nos permiten presumir que el Ministerio Público actúa de manera independiente al Ejecutivo”, expresó.

Además de que el Ejército nunca trató de controlar estas manifestaciones contra la corrupción presidencial, “no hubo ninguna represión contra las protestas ciudadanas, pero fueron manifestaciones completamente sociales, sin ningún líder visible; la misma gente impidió también que se metieran los partidos de oposición porque las protestas eran en contra de todo el sistema político actual, decir, el gobierno y todos los partidos políticos”.

 

LA CICIG

La llamada CICIG funciona en Guatemala desde hace ocho años, fue creada el 12 de diciembre de 2006 –como lo informa en su página web- gracias a un acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala. Posteriormente fue ratificada por el Congreso.

Se estableció como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad era apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los “cuerpos ilegales de seguridad” y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tenían como objetivo el desmantelamiento de estos grupos, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, para fortalecer a las instituciones encargadas de hacer justicia para que en el futuro pudiera continuar enfrentando a estos grupos.

El 16 de julio de 2015, la CICIG presentó el informe “El financiamiento de la política en Guatemala”, en el cual se detalla cómo el dinero que financia la política guatemalteca es ilícito pues al no registrar los orígenes del dinero y al aceptar recursos de fuentes oscuras, la mayoría de partidos estaría traspasando la frontera legal.

Su continuidad estuvo en riesgo a principios de este año, luego de que Pérez Molina expresara que no había dinero para mantener su funcionamiento –calculado en 12 millones de dólares al año-, sin embargo, según señaló Aizenstatd, el Embajador de Alemania en Guatemala, Matthias Sonn, se ofreció a aportar los recursos para que el organismo continuara con su mandato.

“Puede afirmarse en el momento de hoy que no hay nadie superior a la Ley y que la investigación criminal llega a todas las personas, independientemente de la posición que ocupen en la sociedad o en el poder del Estado”, afirmó recientemente Iván Velázquez, el Comisionado en turno que está al frente de la Comisión.