La muerte persigue a activistas en Chihuahua
Lucha Castro hace el recuento de los crímenes contra activistas de Cihuahua en en la presentación del libro “La Lucha”
Policías miliatres guardan el lugar donde se cometió un homicidio en Juárez, México. Crédito: Spencer Platt | Getty
MÉXICO.- La defensa de los derechos humanos en Chihuahua, México, se cobró la vida de 19 personas. Uno a una los ha contado desde 2010 Lucha Castro, fundadora del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres, porque eran sus compañeros y amigos.
Marisela Escobedo, madre asesinada frente al palacio de Gobierno de Oaxaca cuando exigía justicia por el feminicidio de su hija; Ismael Osorio y Manuela Solís, por defender el medio ambiente o Bety Cariño por defender las comunidades indígenas y otros más que se quedan en su mente.
La activista hace el recuento en la presentación del libro “La Lucha”, de los estadounidenses Jon Sack y Adam Shapiro, inspirado en su trabajo, que empezó como organización a favor de las mujeres y se convirtió en un referente contra la impunidad y contra sí misma. “He colocado en riesgo a mi familia”, cuenta.
Un día su hijo universitario se regresó de la puerta después de recibir la bendición acostumbrada de la madre y habló con ella: “ Estoy seguro que a ti los militares no te harán nada, pero por joderte pueden torturarme o matarme”, dijo. “Sin caer en la paranoia, hay que hacer un plan hasta que yo me encuentre a salvo en la frontera”.
Alberto Almeido, de la organización El Barzón en Villa Ahumada, Chihuahua, traga saliva mientras escucha a Castro. Lo cierto es que él mismo es un activista. Él mismo está en riesgo y las matanzas siguen a la orden del día contra los defensores de Derechos Humanos. No son cosa del pasado.
En febrero pasado, Gabino Gómez, quien durante meses se opuso a la perforación clandestina de pozos de agua por parte de diversas empresas en Villa Ahumada fue asesinado por un gatillero en Ciudad Juárez frente a su esposa e hijos. “Donde vivimos es una zona controlada por La Línea, antiguo brazo armado del Cártel de Juárez, narcotraficantes de segunda que tras la captura de sus jefes se adueñaron de la zona para paso de droga, extorsión y para alquilarse como sicarios”.
En octubre de 2014, otros pistoleros mataron a Ismael Solorio y Manuela Solís cuando encabezaban un abierto rechazo al establecimiento de una minera en el ejido de Benito Juárez. “Nosotros sabemos que fueron contratados por Cascabel, una subsidiaria de la minera, pero la autoridad no hace nada, no los persigue, los deja libres”.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, Jesús Peña, presente durante la presentación del libro, hizo un llamado a “atacar las causas” que provocan la muerte de los defensores de derechos humanos: “La mejor medida de protección es una investigación, juicio y sentencia adecuada”.
