Difícil situación para 8, 840 mexicanos que quieren asilo en EEUU

MÉXICO.- “Cuando mataron a tu papá, ¿estabas frente a la cama?¿debajo de la cama? ¿a lado de la cama?”, el oficial pregunta. Lleva dos pistolas a los costados y sabe que cualquier error puede costar la negativa de asilo a la mujer que interroga y cuya vida depende de que el juez concluya que lo que dice es creíble, que es víctima, que si regresa a México podría morir.

La interrogada se acobarda. Tiene miedo y “no suelta toda la sopa”. No recuerda en detalle lo que los delincuentes hicieron a su familia en el pueblo inmerso en una guerra de cárteles protegidos por autoridades locales, policías, por miembros del ejército.

“La mujer calla, se petrifica, no sabe qué hacer”, describe el abogado Carlos Spector, quien usa este ejemplo durante un foro de análisis realizado en el Instituto Mora, de la Ciudad de México, para describir el maltrato psicológico al que son sometidos los solicitantes de asilo político en Estados Unidos; él mismo encabeza el proceso legal de 150 casos.

La mujer titubeante, dañada psicológicamente por sus recuerdos, pierde entonces su oportunidad.

El 98.6% de los 8,840 mexicanos que han buscado asilo político en ese país ha sido rechazado, según un análisis de Susan Gzesh, directora del Centro Familiar para los Derechos Humanos de la Universidad de Chicago.

“Sólo el 1.4% ha sido aprobado”, cuenta Herch. Esto es: 124 personas desde 2009. Muchos siguen con procesos abiertos.

“Hay una violencia estructural orquestada del sistema legal americano para negarle el asilo a los mexicanos”, agrega Spector.

La violencia de los cárteles y la ley de EEUU

Las causas son múltiples. Para empezar, el marco jurídico que rige el asilo en la Unión Americana data de 1957 para responder a un contexto geopolítico que ya no existe: la Guerra Fría, una época en que había perseguidos políticos de bloques socialistas o comunistas que hoy son los menos, mientras se ignora a desplazados actuales como víctimas del medio ambiente o de decisiones económicas y financieras erróneas.

En el caso de México, explicó Ben Lessing, politólogo especializado en seguridad de la Universidad de Chicago, “el problema es que la violencia criminal derivada de los cárteles no se considera una guerra”.

“A los jueces estadounidenses (276 especializados en asilo en todo el país) apenas les está cayendo el veinte de que aunque el gobierno federal en México dice que lucha contra el crimen no tiene la capacidad suficiente y hay una gran corrupción local que obliga a mucha gente a salir”, agrega Susan Gzesh.

En 2008, tras varios meses de lucha entre los cárteles de Juárez y Sinaola por el control de la frontera en Chihuahua y el arribo de policías federales y militares, provocó uno de los mayores éxodos de mexicanos a El Paso, Texas, por ejemplo. Ahí llegó Cipriana Jurado, una mujer perseguida por militares, y los sobrevivientes de la familia Reyes, después de que criminales mataron a cinco de sus miembros.

“De un día para otros estaban sin casa, sin terrenos, ni trabajo y a sus hijos ni siquiera les querían dar escuela porque iban a bajar el nivel y, en consecuencia, perder fondos federales de estímulo a la calidad”, recuerda Sandra Spector, quien apoya a su esposo Carlos en sustentar casos de asilo.

En los años siguientes la violencia se extendió a todo el país y hoy por hoy hay migrantes en busca de refugio procedentes de Michoacán, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Morelos…

En tanto, académicos y refugiados se quiebran la cabeza sobre cómo lograr que EEUU los reciba. “Estamos tratando de entender las razones que toma en cuenta para aceptar una solicitud, pero no sabemos por qué aceptan ciertos casos: nos sentimos como siete ciegos que tratan de describir cómo es un elefante”, dice Gzesh.