Editorial: Hay que proteger a estos menores

La tragedia de muchos menores de edad centroamericanos, que desafiaron los peligros de una larga travesía para llegar a Estados Unidos, es haber terminado en un hogar donde son explotados laboralmente y sexualmente.

Esta es la realidad que se discutió ayer en un comité del Senado después de que se conociera que en Ohio, seis menores guatemaltecos que llegaron solos al país fueron entregados a traficantes humanos que en vez de proveerles educación, los obligaban a trabajar 12 horas al días en una granja bajo amenaza de muerte.

No son casos aislados. No se sabe cuántos menores viven en hogares donde trabajan como esclavos, pero se estima que por lo menos 3,400 auspiciantes (12% del total), gente dispuesta a recibir a jóvenes que no tienen parientes directos en el país,  tienen antecedentes delictivos como violencia doméstica, abuso infantil, agresión sexual y tráfico humano.

Este descuido, según las autoridades, se debe en parte al drástico aumento de jóvenes provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras que llegaron a la frontera sur estadounidense, escapando de la violencia en sus países. Un reporte de la Prensa Asociada reveló que el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) fue relajando las exigencias regulares para los auspiciadores, desde anular el requerimiento de huellas de identidad y hasta la eliminación de la averiguación de antecedentes penales por parte del FBI.

No menos grave es la posición tomada por el HHS de que su responsabilidad sobre el destino y la condición de vida de los menores termina desde que ya no tiene su custodia física al liberarlos de los centros de detención. La agencia federal indicó que visitó solamente el 4% de los hogares, pero culpó al  Congreso de no haber aprobado una propuesta de ley que hubiese hecho obligatorio este tipo de visitas, que son la norma en el sistema nacional de hogares de crianza.

Es preocupante que en medio de estos casos de maltrato y explotación de menores haya una disputa sobre quién tiene la autoridad para evitarlos. El Congreso hace bien en fiscalizar que se trate bien a estos menores y debe aprobar las leyes necesarias para hacerlo.

Pero el poder ejecutivo mientras tanto no debe desligar su responsabilidad,  porque de lo contrario se convierte en un cómplice de la explotación.