Autoridades urgen a la comunidad inmigrante a denunciar fraudes

Al parecer el estatus migratorio a dejado de ser una excusa para no acudir a las autoridades pertinentes y denunciar los fraudes, estafas, mentiras y todo tipo de trampas en las que caen especialmente las minorías, entre ellos, miles de indocumentados, según informaron líderes y expertos en un panel convocado en San Francisco, realizado por la organización New America Media.

Cada año, cientos de millones de dólares van a parar a los bolsillos de estafadores, grandes corporaciones y todo tipo de charlatanes de cuello y corbata que engañan y venden productos y servicios falsos o de baja calidad.

La inmigración, la vivienda, la educación, el cobro de deudas, la salud, el empleo, la letra fina en contratos malintencionados y los costos extras escondidos o no dichos, son áreas en que las estafas han aumentado notablemente. Según los panelistas, los depredadores se aprovechan de los ancianos, de la ignorancia, la desinformación, el miedo y la desesperación en las comunidades más vulnerables de color, los inmigrantes y los grupos de bajos ingresos.

Los participantes concordaron que la comunidad no busca ayuda debido al miedo y la desconfianza hacia las autoridades. “El gorila (en esa reunión) es el hecho de que somos fiscales y la gente indocumentada nos tiene miedo… puedo decir a nombre del Condado de Alameda que (la situación legal de las víctimas) no nos importa”, dijo Larry Blazer, fiscal adjunto de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Alameda. A pesar de reconocer que no representa a “todos los fiscales”, Blazer agregó: “no preguntes, no digas. No nos importa si una víctima de fraude es o no un indocumentado. Esto requiere confianza”, dijo.

El programa titulado ‘Detectar y evitar las estafas en nuestra comunidades’ fue encabezado por la presidenta de la Comisión Federal de Comercio (CFC) Edith Ramírez, quien afirmó que el CFC es una agencia que promueve la competencia y protege a los consumidores. “Nuestra principal herramienta es la aplicación de la ley y la comunidad es un importante componente de nuestra labor”, dijo Ramírez, añadiendo que los casos de estafas están aumentado.

Es importante que la comunidad sepa “del trabajo que hacemos y los derechos que tienen como consumidores”. Ramírez contó sobre el caso de María Magdalena Juárez, víctima de una operación de préstamos que se estaba enfocando principalmente en la comunidad latina. En una llamada telefónica y haciéndose pasar por funcionarios de la corte, contactaron a Juárez diciéndole que había un juicio contra ella por lo que la forzaron a pagar $4,000 de lo contrario, le dijeron, su propiedad iba a ser embargada y ella arrestada. Afortunadamente, su hijo comenzó a investigar y se percató de la estafa. El CFC “pudo hacer una demanda legal y detenerla a tiempo”, dijo Ramírez.

También son variados los fraudes en el rescate o ayuda a los propietarios que están en algún juicio hipotecario. “A pesar de que existen leyes en California que prohíben el pago adelantado por los servicios relacionados a la modificación de préstamos, a la gente se les engaña para que paguen por adelantado y más encima estos servicios no se realizan”, dijo Maeve Elise Brown, directora ejecutiva de Defensores de los Derechos Económicos y de Vivienda.

De acuerdo a la Comisión Federal de Comercio, una de las compañías con más quejas a nivel nacional es DIRECTV, la cual que ofrece un servicio de $24.99 al mes más HBO como un agregado gratis por tres meses. Lo que no dicen es que ese precio solo dura 12 meses y al segundo año el precio sube hasta $45 dólares mensuales. Tampoco dicen abiertamente que el cliente es atrapado por un contrato de dos años y si decide cancelarlo se le cobrarán tarifas de hasta $400. Con la oferta de HBO tampoco dicen que después de tres meses la cuenta subiría a $49.99 al mes.

Thomas Dahdouh, director regional del área oeste de la Comisión Federal de Comercio, dijo que el año pasado comenzaron un juicio contra DIRECTV. “Nuestro enfoque es hacer que esta compañía sea más directa en la forma como anuncian sus precios. La gente debe de saber lo que deben, no deberían ser víctimas de precios repentinos y extremadamente altos”, dijo Dahdouh.

Según Nicklas Akers, fiscal general asistente de Derechos del Consumidor del Departamento de Justicia de California, los fraudes en el proceso de inmigración también son profusos. “Ha habido un explosión” en la cantidad de estafas. “Muchos ofrecen conseguir tarjetas verdes automáticamente. Pero lo primero que piden es dinero y cuando nada pasa, estos mismos amenazan al cliente con la deportación,” dijo Akers, quien aseveró que la Oficina del Fiscal General “no informará a las autoridades de inmigración sobre la situación de nadie con respecto a su condición legal. Es totalmente seguro venir a nosotros y hacer la denuncia”.

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Cómo denunciar

Para denuncias en el norte de California se puede contactar a la Comisión Federal de Comercio Área Oeste al (415) 848-5100 o al (877) FTC-HELP (382-4357). También puede visitar ftc.gov/queja

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Robo de identidad
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