Más de 200 demócratas presentan documento de apoyo a alivios migratorios

WASHINGTON.- Más de 200 demócratas del Congreso presentaron este martes ante el Tribunal Supremo un documento de apoyo a los alivios migratorios que analizará la máxima corte el mes próximo, en contrapeso a los planes republicanos en contra de las medidas.

El documento, conocido en la jerga legal como “amicus curiae” (“amigos de la corte”), está firmado por 186 líderes demócratas de la Cámara de Representantes y 39 del Senado, y argumenta en sus 35 páginas que las acciones ejecutivas anunciadas por el presidente Barack Obama en noviembre de 2014 son legales y constitucionales.

El esfuerzo está encabezado por los líderes de las minorías demócratas en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y en el Senado, Harry Reid.

En un comunicado conjunto, ambos señalaron que cada presidente del país ha tenido autoridad ejecutiva en el cumplimiento de las leyes, sin excepción y distinción de ideologías.

“De hecho, debido a la inacción del Congreso estadounidense, los Presidentes Ronald Reagan y George H.W. Bush tomaron acción para proteger a los cónyuges e hijos de personas que recibieron estatus legal bajo la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986”, precisaron Pelosi y Reid.

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Asimismo, argumentaron que la “obstrucción sorprendente” de los republicanos a una reforma migratoria mantiene en pie un maltrecho sistema migratorio “que separa a familias, deshonra nuestros valores como estadounidenses, y no cumple con las necesidades de nuestro país”.

Ambos líderes confiaron en que, a la postre, el Tribunal Supremo reafirmará la legalidad de la expansión del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012 y otro similar para adultos con hijos ciudadanos o residentes legales, conocido por su sigla en inglés “DACA”.

Más adelante, en declaraciones a este diario, la portavoz de Reid, Mónica García, calificó de “irresponsable” la demanda interpuesta contra los alivios migratorios y, a su juicio, es otro ejemplo “de cómo los republicanos malgastan el tiempo y dinero del contribuyente en un intento por desautorizar” a Obama.

Estos alivios migratorios, que darían cobijo a hasta cinco millones de personas, llegaron hasta el Tribunal Supremo porque dos tribunales de instancia inferior reafirmaron una demanda de 26 estados, liderados por Texas, para evitar su puesta en marcha el año pasado.

El Tribunal Supremo ha programado una audiencia sobre el caso para el próximo 18 de abril, en lo que se prevé será una tensa jornada de protestas de grupos en ambos lados del debate migratorio.

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Se prevé un dictamen definitivo sobre el caso “US vs. Texas” en junio próximo.

Los republicanos también se preparan

Del lado republicano, el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan dijo el martes pasado que, previsiblemente el mes próximo, su bancada someterá a voto una legislación autorizando la presentación de su propio documento legal en contra de los alivios migratorios.

“Este es un paso muy extraordinario. De hecho, nunca se ha hecho antes, pero esta amnistía ejecutiva es un ataque frontal a los poderes consagrados en el Artículo 1 del Congreso, bajo nuestra Constitución”, explicó entonces Ryan.

Haciéndose eco de la queja de otros conservadores, Ryan precisó que el Ejecutivo no tiene permiso para “escribir leyes” y ese será el argumento principal del documento que su partido presentará ante el tribunal.

Paul Clement, exabogado del gobierno de EEUU ante el Tribunal Supremo (2004-2008) durante la presidencia de George W. Bush, representará a la bancada republicana de la Cámara Baja en el caso, según la oficina de Ryan.

Según los conservadores, Obama se excedió en sus poderes al emitir los alivios migratorios, pero éstos no aceptan que todo presidente ha tenido autoridad para ejercer la “discreción procesal” en la aplicación de las leyes.

Sobre los planes demócratas, Becerra dijo que la gran diferencia es que Ryan estaría obligando a la Cámara Baja, como ente oficial, a tener injerencia en el litigio “utilizando dinero de los contribuyentes”, en vez de dedicar su tiempo y recursos a aprobar leyes importantes para los estadounidenses, como el presupuesto, la creación de empleos y una reforma migratoria integral.

La batalla legal, que mantiene en limbo a cerca de cinco millones de indocumentados, se produce además en el marco de una reñida campaña presidencial en la que el tema de inmigración ha adquirido protagonismo.

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Los precandidatos presidenciales demócratas, Hillary Clinton y Bernie Sanders, han prometido proteger y ampliar los alivios migratorios si ganan la presidencia.

En cambio, del lado republicano, el magnate empresarial, Donald Trump, y los senadores Ted Cruz y Marco Rubio han prometido mano dura contra la inmigración ilegal. Sólo el gobernador de Ohio, John Kasich, ha prometido avanzar una reforma migratoria, de corte conservador.