¿Cambiarán los empresarios mexicanos la corrupción en México?
La exclusión de la Ley 3de3 en el Sistema Nacional Anticorrupción generó las protestas de empresarios y legisladores que quieren poner fin a la corrupción en la economía mexicana
El Senado mexicano aprueba la iniciativa de la ley minera. Crédito: Archivo | EFE
MÉXICO.- El diablo está en los detalles. Y un detalle de la Ley de Responsabilidades Públicas –una de las cinco leyes del Sistema Nacional Anticorrupción- exasperó a los empresarios más encumbrados del país agrupados en la Confederación Patronal de México (Coparmex) para relanzar su “Cruzada Nacional Contra la Corrupción”.
El punto central de su lucha tiene foco: quieren que los funcionarios sean obligados -a través de la Ley de Responsabilidades Públicas que se discute en el congreso- a presentar públicamente sus declaraciones de bienes, fiscales y de intereses, una propuesta conocida como Ley 3de3.
Pero los senadores no quisieron. O al menos no los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los del Partido Verde y del Partido Encuentro Social. Estos últimos simularon un retraso para no llegar al pleno de la votación y restar 21 votos a los que sí querían del PAN, PRD y Morena.
La votación se cerró así el pasado miércoles con 228 en contra y 209 a favor y la minuta excluyó el formato de la Ley 3de3 que buscaba que los funcionarios detallaran sus montos de dinero, ubicación de sus bienes inmuebles, joyas , vehículos, menajes de caja y cuentas bancarias.
“La ruta contra la corrupción que los mexicanos hemos emprendido no tiene punto de retorno”, dijo Gustavo de Hoyos después de un inusual plantón el pasado jueves cuando un centenar de hombres de negocios se instalaron en el emblemático Ángel de la Independencia en la capital mexicana para exigir con carteles y discursos un #MxSinCorrupcion.
La “cruzada” de los empresarios contra la corrupción no es algo nuevo. Tiene al menos cinco años desde que la Coparmex reconoció por primera vez a través de un presidente (Alberto Espinosa) que ellos (la iniciativa privada) gastaban el 10% de sus ingresos en actos relacionados a la corrupción.
Además afirmaron que el 44% de sus empresas hacían pagos extraoficiales a servidores públicos en todos los órdenes de gobierno.
Aliados con el Instituto Mexicano para la Competitividad, comenzaron entonces a promover un informe anual para medir la corrupción y hacer comparativos con otros países; a empujar una fiscalía anticorrupción autónoma vigilada por un grupo de la sociedad civil y a crear la propuesta de Ley 3de3.
En la discusión de la minuta del Senado, el pasado miércoles, los legisladores aprobaron quitar al ejecutivo (presidente) el control de la fiscalía anticorrupción, pero se la dieron a ellos mismos y en adelante el fiscal tendrá que ser aprobado por dos terceras partes de los senadores.
Por tales razones, el Sistema Nacional Anticorrupción fue calificado por Coparmex como “desdentado” y sin ánimo de transformación. En cambio, los legisladores “les voltearon la tortilla” e incluyeron en la minuta que todos los empresarios que tengan contratos con el gobierno deben presentar públicamente su declaración.
Este viraje desconcertó tanto a empresarios como a políticos de oposición. “Ya lo hacemos públicas nuestras declaraciones frente a Hacienda”, dijo Hoyos de Coparmex. “Lo que se pretende, en el fondo es descarrilar el movimiento cívico a favor de la Ley 3de3 al convertir las declaraciones no en una obligación de la clase política, sino de civiles”, agregó el presidente del PAN, Ricardo Anaya.
