Caso Oaxaca pone a prueba al nuevo sistema de justicia en México
La fiscalía tiene un “plazo fatal” de 48 horas para resolver si los 23 detenidos tienen elementos en su contra para ser considerados como probables responsables
Acusan a la policía de excederse en sus funciones. Crédito: EFE
MÉXICO – La muerte de ocho personas en medio de un enfrentamiento entre policías federales que pretendían desbloquear una carretera en el estado de Oaxaca y simpatizantes del sindicato de profesores en la entidad pondrá a prueba al nuevo sistema de justicia penal en México que arrancó el pasado 18 de junio con los juicios orales como estrellas.
“Es una gran bienvenida al nuevo sistema con un caso excepcional en el que hay una gran oportunidad para medir los alcances y ver la eficacia y la transparencia con que podemos conducirnos en el país”, observó Carlos Daza, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De entrada, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía de Oaxaca tendrán un “plazo fatal” de 48 horas para resolver si los 23 detenidos tienen elementos en su contra para ser considerados como probables responsables y dos meses como máximo para entregar al Ministerio Público todas las pruebas recabadas sobre los hechos para que éste ejerza su papel como órgano acusador.
De acuerdo con los elementos hasta ahora conocidos y documentados–observa Daza- ninguna de las partes quedaría como víctimas.
Sobre elementos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sus simpatizantes recaería, al menos, el delito de obstrucción de la vía pública y privación ilegal de la libertad porque durante ocho días realizaron bloqueos que afectaron a 37 puntos de comunicación entre Oaxaca, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas y Guerrero.
Aunado a este precedente, falta determinar si los sindicalizados y seguidores pudieron filtrar grupos de provocación o subversivos armados cuyo objetivo pudo ser provocar un disturbio o una matanza. Si es así podría pesar contra gente muy precisa tanto de lado del sindicato como de la Policía Federal la acusación por el delito tentativa de homicidio.
La justicia mexicana tendrá, por otro lado, que determinar a través del nuevo sistema si la policía se excedió en sus funciones y respondieron con balas a los ataques con piedras y bombas Molotov o si actuaron en ejercicio de un derecho en cumplimiento de su deber o en legítima defensa o como mecanismo de prevención para evitar que ataques de los civiles dañaran a terceros.
Durante las primeras horas después de la muerte de los ocho civiles –ningún profesor- el comisionado nacional de la Policía Federal, Enrique Galindo, declaró que prácticamente fueron “emboscados” y en un comunicado de prensa negó que algunas fotografías difundidas por agencias correspondieran con agentes disparando.
Jorge Arturo Pérez, fotógrafo de la agencia Cuarto Oscuro, declaró posteriormente que él personalmente captó con su cámara a policías armados pero no aclaró si los vio activar el arma.
“Los videos, fotografías, declaraciones y peritajes evidenciados en un juicio oral y público serán una material muy importante para resolver este caso”, subraya Daza.
