Concejo de Los Ángeles aprueba presupuesto para cámaras personales de LAPD
La inversión permitirá dotar a la policía angelina con más cámaras corporales
El jefe del LAPD, Charles Beck, ha prometido castigar a los que repetidamente apaguen los dispositivos. Crédito: Aurelia Ventura / La Opinión
El Concejo de Los Angeles aprobó hoy una partida de casi US$60 millones para implementar el uso de cámaras en los uniformes de los agentes policiales de la ciudad, una medida que llevaba casi seis meses esperando ser resuelta.
“Es una inversión para lograr mi visión de una Policía de Los Ángeles transparente y que rinde cuentas, valores que son fundamentales para la vigilancia en el siglo 21”, dijo en un comunicado el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti.
El plan de 59 millones de dólares que el alcalde impulsó desde 2014 pretende invertir 31 millones en 7,000 cámaras corporales y 4,400 pistolas paralizantes Taser, además de la sustitución y modernización de equipo.
Asimismo, este plan que terminará de ser implementado en 2018 contempla unos 23 de millones de dólares para ser invertidos en teléfonos celulares que los agentes utilizarán para controlar las cámaras.
Tanto el Gobierno local como la Comisión de Policía de Los Ángeles y el Departamento de Policía (LAPD) aseguran que el uso de las cámaras ayudará a tener “relaciones más transparentes entre los agentes y la comunidad”.
No obstante, algunos defensores de los derechos civiles han mostrado su preocupación tras la decisión del ayuntamiento.
Para Héctor Villagra, director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Los Ángeles la forma en que el LAPD planea usar las cámaras socavará la intención de transparencia y confianza que se pretende crear.
“En primer lugar, el público no llega a ver las imágenes, incluso en casos de disparos mortales u otro uso de fuerza. Además, los agentes bajo investigación verán el vídeo antes de dar siquiera una declaración inicial a los investigadores”, explicó.
Otra objeción de ACLU es que no hay garantías para evitar que las cámaras se utilicen para vigilar y recopilar información sobre personas que no cometen crímenes, algo que violaría la Primera Enmienda.
“Como lo han hecho en ocasiones anteriores, los agentes podrían estar manipulando la información a su acomodo y esto es muy grave”, advirtió a EFE Ron Góchez, un activista de Unión del Barrio.
Según un informe del LAPD, el año pasado los oficiales de esta dependencia utilizaron algún tipo de fuerza en al menos 2.000 ocasiones y 38 de estos incidentes fueron tiroteos.
De la cifra de tiroteos, 22 de las personas que recibieron disparos eran hispanos y 21 de los encuentros fueron mortales. Tres de las víctimas estaban desarmadas.
“Con una inversión de este tamaño y una iniciativa de esta importancia, las políticas para el uso de las cámaras no deben haber sido aprobadas automáticamente, puede ser un gran desperdicio”, insistió Villagra.
