No eran adictos pero cobraron $50 millones por atenderlos
Este esquema fraudulento incluyó supervisores que falsificaron firmas de alumnos y registros de tratamiento, e incluso marcaron como “drogadictos” a estudiantes inocentes que jamás probaron narcóticos
Crédito: Aurelia Ventura | La Opinión
Fondos federales y estatales eran enviados a través de contratos con el condado de Los Ángeles al proveedor de servicios sanitarios Atlantic Recovery Services (ARS), para ofrecer una segunda oportunidad a estudiantes de escuelas intermedias y secundarias con adicciones al alcohol y las drogas.
Eran tratamientos gratuitos cargados de esperanza, hasta que se supo que ARS, con sede en Long Beach, no ofrecía la ayuda prometida o incluso la brindó a quienes no la necesitaban para cobrar $50 millones de dólares.
Los fiscales alegan que el programa de ARS se creó para explotar a niños en los distritos escolares de Montebello, Bell Gardens, Lakweood y el Valle del Antílope, y para defraudar a los contribuyentes, con un esquema que incluyó supervisores que falsificaron firmas de alumnos y registros de tratamiento.
Incluso marcaron como “drogadictos” a estudiantes inocentes que jamás probaron narcóticos.
La cúpula de este esquema fraudulento fue alcanzada la semana pasada con el arresto del presidente y director ejecutivo de ARS, Richard Marx Ciampa, y su supervisor financiero, Gregory Hearns.
Con ellos suman 21 personas las que han sido acusadas de colaborar en este entramado que obtuvo más de 46 millones de dólares del programa estatal de salud Medi-Cal. En 2015 se descubrió todo.
“Estos acusados robaron decenas de millones de dólares destinados a ayudar a niños con problemas por abuso de sustancias”, dijo la fiscal federal Eileen Decker. “Este fraude no solo daña a los contribuyentes, sino que también coloca en mayor riesgo a los más vulnerables de nuestra sociedad”, añadió.
Según la acusación federal, a lo largo de una década ARS elaboró falsos reportes de sesiones grupales y cobró por al menos dos sesiones apócrifas de “intervención en crisis” (un servicio para quienes sufren o están a punto de experimentar una recaída en la adicción) por cada alumno.
Ciampa, de 62 años y residente de Long Beach, era el responsable de facturar ilícitamente a Medi-Cal y también fue el que se embolsó la mayor parte de las ganancias, de acuerdo a los fiscales federales.
Mientras que su cómplice, Hearns, de 60 años y vecino de Long Beach, se encargaba de reunir las facturaciones mensuales y las preparaba para someterlas al programa Medi-Cal.
Ambos están acusados de crear un entorno fraudulento en el que amenazaban con despedir a gerentes y consejeros de ARS si éstos no aumentaban las ganancias ofreciendo más servicios.
Así operaron hasta abril de 2013.
“Los profesionales médicos que tratan de enriquecerse por medio del fraude al Medi-Cal socavan este programa financiado por los contribuyentes y elevan los costos de cuidado médico para todos”, señaló Anthony Orlando, agente especial de la oficinal local del Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS).
Si es declarado culpable, Ciampa enfrentaría una pena máxima de 194 años en una prisión federal. Su cómplice, Hearns, recibiría una condena de hasta 134 años en una prisión federal.
