Siete alcaldes de Guerrero en la mira del crimen organizado

Presentaron denuncia ante la fiscalía para pedir protección del gobierno federal
Siete alcaldes de Guerrero en la mira del crimen organizado
Crimen organizado mantiene en jaque a los alcaldes mexicanos.
Foto: EFE

MÉXICO – “Quiero ser alcalde, no héroe”, precisó Marco Antonio Leyva. El presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, el estado que registró un repunte histórico de la violencia con 24 muertes en tres días.

Con su denuncia ante la Procuraduría General de la República presentada desde diciembre pasado aunque reconocida recientemente, Leyva se suma a los presidentes municipales que ya solicitan protección contra el crimen organizado y su modus operandi para hacerse de dineros públicos.

Los otros son Roberto Zapoteco Castro, de Zitlala; Abel Montufar, de Coyuca de Catalán; Karime Benítez de Cutzamala; Juan Mendoza Acosta de San Miguel Totolapan y Onofre Santana de Ramírez de Ajuchitlán del Progreso, de acuerdo fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que solicitaron el anonimato.

Públicamente el alcalde de Eduardo Neri , Pablo Higuera, quien es coordinador de los municipales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reconoció que la delincuencia lo quiere poner entre la espada y la pared, entre plata o plomo, bajo amenazas múltiples de “meterse con su familia”.

El objetivo de las intimidaciones es ampliamente conocido por denuncias anteriores en otros municipios del país: quieren que se les dé un porcentaje del presupuesto que llega desde la federación para las entidades. Guerrero recibió en 2016 del presupuesto de ingresos de la federación alrededor de 2,500 millones de dólares.

Regularmente exigían el 10%, pero ante la impunidad y la falta de atención al problema la exigencia ha ido en aumento hasta el 30% sumando extorsiones a cada regiduría o participación en obra pública.

“Quieren formar parte del gobierno”, agregó el alcalde Leyva ante medios de comunicación locales. “Y tener el camino abierto para operar (con el tráfico y venta de droga)”.

En entrevista con este diario, un ex alcalde de la región norte del estado cuyo nombre pidió que se reservara por razones de seguridad afirmó que desde 2011 él personalmente y otros colegas denunciaron ante los gobiernos del estado y federal cuáles eran las exigencias de los criminales pero nunca tuvieron respuesta.

“Simplemente no respondían, ¿qué haces, entonces?”, se pregunta. “Darles el dinero aunque esto tenga un costo, aunque después de señalen de ser corrupto, aunque uno no quiera porque eso no garantiza que disparen por cualquier cosa que no les guste”.

El pasado 29 de julio el gobernador del estado, Héctor Astudillo se reunió con 63 ediles de las regiones más turbulentas del estado tras la muerte del alcalde de Pungarabato, Ambrosío Soto, pero el encuentro dejó un mal sabor de boca entre algunos asistentes. “Sólo dijo cuídense y no saliéramos por la noche”, dijo alguno al periódico El Sur.

El congreso local hizo un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que se otorguen medidas cautelares para los alcaldes en cuestión para evitar un asesinato más de los alcaldes, pero hasta el momento no ha tenido una respuesta oficial.

Desde 2006, la cifra de presidentes municipales asesinados en Guerrero es de ocho, sólo por detrás de Michoacán (con 14) y Oaxaca(con 12). En todo el país suman 78.