Víctimas de ataque en San Bernardino piden continuar con servicios de salud

Dos minutos antes de que 14 de sus compañeros murieran abatidos por las balas durante el ataque terrorista en San Bernardino, Sally Cardinale recibía invitados para la reunión navideña a realizarse en el Centro de Convenciones Regional Inland.

En segundos, la mujer de 35 años se vio refugiada, junto a otros tres empleados, en un compartimiento del baño del lugar. Ese fatídico 2 de diciembre de 2015, ella solo rogaba para que el atacante no los encontrara.

El tiroteo solo duró tres minutos pero sus ataques de pánico la acompañan desde entonces. El problema hoy, asegura, es que el programa de compensación al trabajador le terminó la asistencia en noviembre pasado.

Ayer Cardinale, quien se convirtió en el rostro de la necesidad y la líder de un grupo de trabajadores que clama por justicia y sus derechos, exhortó a la Junta de Supervisores del condado de San Bernardino a que escuchen sus plegarias y les brinden la atención médica necesaria.

También exigió que la Junta apoye de manera pública la propuesta de ley creada por la asambleísta Eloise Reyes.

La AB 44 permitiría que victimas de tragedias similares a la masacre reciban atención sin los trámites burocráticos.

Secuelas del terror y quejas

Cuando las balas cesaron Cardinale y sus compañeros fueron evacuados. Sin embargo, la caminata hasta el edificio de seguridad expuso a la joven madre de cuatro hijos a escenas inimaginables, imágenes que a la fecha le provocan terror.

“Estoy viva de milagro, si yo no hubiese ido al baño hubiera sido una de las primeras víctimas del tiroteo. El proceso de recuperación no ha sido nada fácil, aún tengo pesadillas, aún tengo todo muy claro en la mente”, comentó Cardinale a La Opinión.

“Al inicio yo regresé a trabajar el 4 de enero tal y como se me ordenó, pero una psiquiatra me envió a casa dos días después ya que el solo hecho de estar en el edificio me traía ataques de pánico. Así es como caí en el sistema de compensación al trabajador”.

Tras recibir terapias y medicina para controlar los ataques de ansiedad y depresión, Cardinale regresó a trabajar medio tiempo en mayo pasado. Sin embargo, una vez que el programa de compensación le negó más asistencia médica en noviembre pasado, las pesadillas regresaron haciendo de su vida un verdadero infierno.

Heridas físicas y psicológicas

Por su parte Amanda Gaspard, de 32 años, aún con la huella de dos balas en su pierna, camina con un bastón y asegura vivir cada día con dolor no solo físico sino también emocional. Ella recibió un disparo.

Las heridas del ataque provocaron que Gaspard no solo deba tomar descansos frecuentes para caminar sino un estrés post-traumático severo.

La víctima dijo en noviembre pasado a ABC News que el administrador de quejas del condado de San Bernardino le dijo que su cirugía y otros tratamientos que ella necesita eran muy caros y que no serían aprobados bajo las reglas de compensación al trabajador de California.

“Nosotros estuvimos en un edificio en donde amigos y compañeros de trabajo fueron asesinados y heridos, ¿Qué parte de eso no entienden?” cuestionó Cardinale.

“Después del ataque ustedes dijeron entender la magnitud del problema y aseguraron respaldarnos en nuestras necesidades. Los que hemos hablado hemos visto progreso pero aún hay muchos trabajadores que no están recibiendo la atención medica necesaria, que están recibiendo negaciones en sus medicamentos, en sus terapias físicas y en cirugías”.

Antecedentes y pedidos

Existe un término llamado Utilización de la Revisión (UR), que es un “proceso ordenado por el Estado e involucra a un médico independiente para revisar que el tratamiento sea el apropiado, efectivo y no dañino para el paciente”, dijo para La Opinión David Wert, portavoz del Condado de San Bernardino.

A finales de noviembre, una docena de sobrevivientes de la masacre expuso el problema de su atención médica a la Junta de Supervisores.

Una semana después, esta destinó 100,000 dólares para contratar una firma que ayude a acelerar el proceso de los reclamos.

Sin embargo, para Cardinale la decisión significa una venda sobre la llaga, ya que a pesar de los testimonios y pese a las exigencias de rodear las revisiones de utilización, la Junta decidió mantener el proceso UR.

Wert aseguró que no hay nada más importante para el Condado que el cuidado y pronta recuperación de los afectados por el ataque terrorista y que en efecto, han gastado millones de dólares para ese fin sabiendo que mucho de ese dinero jamás será reembolsado.

“La mayoría de las quejas que hemos oído de los empleados han sido acerca de que su tratamiento no ha sido aprobado de manera oportuna.

“El condado se enteró de que en cada caso, el médico del paciente no estaba presentando solicitudes de aprobación de manera correcta y/u oportuna.

La empresa que hemos contratado se dedicará a trabajar en estrecha colaboración diaria con médicos y pacientes para asegurar que el papeleo se mueva a través del sistema lo más rápido posible”, comentó Wert.

Añadió que el 95% de los tratamientos revisados por UR relacionados con la masacre han sido aprobados.

La Legislatura de California y el congresista Pete Aguilar han sugerido que el Condado evite dicho proceso y apruebe todos los tratamientos sin revisión. Sin embargo, esa práctica seria “irresponsable” y representaría “una amenaza para la seguridad del paciente”, dijo Wert.