Hombre deportado 6 veces será juzgado por asesinato de hace 25 años

Leonardo Pimentel Sánchez, de 60 años de edad, es acusado de la violación y asesinato de Cari Ann Parnes, de 19 años, en marzo de 1992 en Orange
Hombre deportado 6 veces será juzgado por asesinato de hace 25 años
Leonardo Pimentel Sánchez.
Foto: Suministrada

Un mexicano deportado seis veces del país y que hace casi veinticinco años supuestamente asesinó a una jovencita de 17 años en California enfrentará desde esta semana su juicio en un tribunal.

La corte ya empezó este miércoles con la selección del jurado que escuchará la acusación en contra de Leonardo Pimentel Sánchez, de 60 años de edad, por la violación y asesinato de Cari Ann Parnes, de 19 años, en marzo de 1992 en el Condado de Orange.

El mexicano no fue vinculado al crimen sino hasta el año 2000 cuando una muestra de su ADN diese positivo con los rastros hallados en el cuerpo de la víctima.

No obstante, las autoridades no pudieron dar con su paradero hasta 12 años después cuando fue detenido en Tijuana, México, y extraditado hacia Estados Unidos.

El caso de Pimentel tomó notoriedad por el historial criminal que tenía y por la forma usada para eludir a las autoridades durante todo este tiempo. El mexicano usó 27 nombres, 13 fechas de nacimiento y 5 licencias de conducir diferentes, y fue deportado 6 veces.

El prontuario del inmigrante comenzó en 1978 cuando fue juzgado por un crimen mayor de robo.

Luego, en 1984 fue condenado a 8 años de cárcel en una prisión estatal por violación sexual y tras cumplir su condena fue expulsado del país, pero logró regresar ese mismo año y supuestamente asesinó a la joven Parnes.

El juicio del sospechoso se celebrará en momentos muy críticos donde casos similares están siendo usados por la Administración del presidente Donald Trump para firmar órdenes ejecutivas para controlar a los indocumentados.

El presidente ordenó iniciar en cuestión de “meses” la construcción del muro con México y recrudeció la política hacia los inmigrantes indocumentados, con la promesa de construir más centros de detención y negar fondos federales a las ciudades que traten de protegerlos.