Número de ciudades “santuario” crece a cerca de 500, dice grupo conservador
Tan solo este año se han sumado a las jurisdicciones que se niegan a colaborar con los agentes federales en el cumplimiento de las leyes de inmigración
Grandes ciudades prometen que protegerán sus "santuarios" para indocumentados. Crédito: Archivo | EFE
WASHINGTON.- El número de ciudades y localidades “santuario” para inmigrantes indocumentados en EEUU ha aumentado a cerca de 500, debido a que muchas autoridades han optado por “ignorar” las leyes migratorias del país, según acusó este martes un grupo conservador.
El comité de acción política del grupo “Ohio Jobs and Justice” (OJJ, en inglés), fundado por Steve Salvi, difundió hoy la nueva cifra en su página web, en la que desde más de una década desglosa, estado por estado y ciudad y por ciudad, dónde están los “santuarios”.
En esta ocasión, el grupo de Salvi añadió más de una treintena de ciudades y condados que, según él, tan solo este año se han sumado a las jurisdicciones que se niegan a colaborar con los agentes federales en el cumplimiento de las leyes de inmigración.
En declaraciones a este diario, Salvi explicó que si la policía local coopera con las autoridades federales en otras áreas de combate al crimen, como el asalto a un banco, “entonces, ¿Por qué tendría que ser distinto con inmigración, especialmente si su papel es proveer información y asistencia?”
Salvi agregó que rechaza el “argumento falso sobre seguridad pública que usan algunos funcionarios para justificar sus políticas de santuario”, en particular cuando afirman que los inmigrantes indocumentados que son testigos o víctimas de delitos no los denunciarán por temor al arresto y la deportación.
“Los inmigrantes ilegales no pueden ser víctimas o testigos de crímenes si no están en EEUU, y no podrían seguir victimizando a miles de ciudadanos estadounidenses cada año si son expulsados de EEUU”, argumentó Salvi, quien considera que la ley debe caer también sobre quienes “ayudan a indocumentados con la adopción de políticas de santuario ilegales”.
El grupo ha hecho su rastreo apoyándose en declaraciones públicas de funcionarios locales y estatales, y en estadísticas de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump el pasado 25 de enero, y posteriormente explicada al detalle en un memorando el mes pasado, amplía los poderes de los agentes de ICE para determinar a quiénes arresta y deporta, y restablece los controvertidos programas policiales de “Comunidades Seguras” y la “287g”.
También pide eliminar los fondos federales para ciudades “santuario”, que afectaría principalmente programas de desarrollo comunitario y seguridad ciudadana.
Preguntado sobre el aumento de las ciudades “santuario”, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, afirmó hoy en su acostumbrada rueda de prensa que “el 80% del pueblo estadounidense” no las apoya, y que Trump insistirá en eliminarles fondos federales a “ciudades que apoyan servicios” para inmigrantes indocumentados.
“No quieren que sus impuestos se usen para financiar a gente que está en el país ilegalmente. Creo que si eres un alcalde o concejal o representante estatal, o gobernador de un estado, necesitas rendir cuentas a la gente que te eligió”, afirmó Spicer.
La página web destaca en letras en rojo las ciudades que disputan el calificativo de “santuario”, que el grupo conservador utiliza como sinónimo de mala palabra.
Entre esas ciudades figura Miami (Florida), cuyo alcalde, Carlos Giménez, prometió el pasado 28 de enero eliminar su política de “santuario”.
“Miami será eliminada de la lista de ciudades santuario tan pronto que el DHS confirme que la ciudad está cumpliendo plenamente” con las leyes de inmigración, explicó el grupo de Salvi, que el año pasado lideró una campaña en las redes sociales contra cualquier esfuerzo de “amnistía” para los inmigrantes indocumentados.
En sentido contrario, sin embargo, una vasta coalición de grupos cívicos, religiosos, sindicalistas y defensores de los derechos humanos y de los inmigrantes, argumenta que los inmigrantes indocumentados contribuyen a la economía y la mayoría no busca problemas con la ley.
Por ello, ahora más que nunca los inmigrantes “sin papeles”, incluyendo quienes huyen de la violencia en Centroamérica y tienen casos válidos de asilo político, necesitan protección de las medidas “draconianas” de Trump contra esta población.
