Sessions lanza ultimátum a “ciudades santuario”: desistan o perderán fondos federales

El fiscal dice que están poniendo en peligro la seguridad en las comunidades, incluso de los inmigrantes
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Sessions lanza ultimátum a “ciudades santuario”: desistan o perderán fondos federales
Jeff Sessions lanzó otro ultimátum a las ciudades santurario, pero estas insisten en que pelearán en corte. (Foto : Archivo)
Foto: Win McNamee/Getty Images

WASHINGTON.- En una especie de inminente “declaración de guerra”, el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, dio este lunes un ultimátum a las más de 600 ciudades y condados “santuario” que se niegan a cooperar con los agentes de Inmigración: desistan o arriesgan la pérdida de miles de millones de dólares en fondos federales para sus comunidades.

En declaraciones desde la Casa Blanca, Sessions condicionó la ayuda federal a las ciudades, condados y jurisdicciones “santuario” que, a su juicio, están poniendo en peligro la seguridad en las comunidades, incluso de los propios inmigrantes.

“El pueblo estadounidense sabe que cuando las ciudades y estados se niegan a ayudar en el cumplimiento de las leyes de inmigración, nuestra nación es menos segura”, dijo Sessions.

“El no deportar a inmigrantes que son condenados por infracciones criminales pone a comunidades enteras en riesgo, especialmente comunidades inmigrantes en las propias jurisdicciones santuario que buscan proteger a los infractores”, señaló el titular del Departamento de Justicia.

Según Sessions, “incontables” personas estarían vivas si se pusiera fin a políticas “santuario” que toleran crímenes como el conducir borracho, robos, violaciones, narcotráfico, asaltos, delitos de pandillas, homicidios y crímenes contra niños.

A su juicio, esas políticas en las que las autoridades locales y estatales no ayudan a los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) ni les entregan a inmigrantes encarcelados, sólo agravan los problemas de seguridad en algunas partes del país al permitir que “criminales peligrosos anden sueltos en las calles”.

El anuncio de Sessions obedece a la orden ejecutiva que emitió el presidente Donald Trump el pasado 25 de enero en la que pidió una lista completa de los fondos que reciben las jurisdicciones “santuario”, e instruyó al Departamento de Justicia a que tomara las debidas acciones para castigarlas.

Las ciudades que soliciten ciertos fondos dentro de varios programas del Departamento de Justicia tendrán que demostrar que están haciendo cumplir las leyes de Inmigración.

Sessions precisó que tan solo en el año fiscal en curso, la Oficina de Programas Judiciales prevé otorgar más de $4,100 millones a las comunidades para facilitar sus servicios policiales.

Sessions no ofreció un desglosado de fondos pero, según un análisis reciente del “Centro para el Progreso Estadounidense” (CAP, en inglés), estarían en riesgo fondos en cinco áreas, incluyendo el desarrollo económico para las comunidades, y la contratación y capacitación de policías.

El anuncio de la Administración Trump no ha tomado en cuenta los numerosos estudios que demuestran que los inmigrantes tienen una tasa de criminalidad inferior a la de los nacidos en este país. En el caso de los inmigrantes indocumentados, éstos intentan vivir “bajo el radar” precisamente para no llamar la atención de la policía a su estatus migratorio.

No es odio, es seguridad

En declaraciones a periodistas, Helen Aguirre Ferré, directora para asuntos de prensa de la Casa Blanca y portavoz hispana, afirmó que EEUU es un país que “tiene que respetar el estado de derecho”, y negó que el gobierno de Trump esté equiparando a todos los inmigrantes con criminales porque, de hecho, busca proteger a la población inmigrante.

“Criminal es criminal, y los inmigrantes son muchas veces los primeros en ser perjudicados por esos criminales indocumentados, lo que el gobierno busca es que todas las calles sean más seguras… esto es por el bien de absolutamente todos“, precisó Aguirre Ferré, al subrayar que no se trata de encasillar a todos los inmigrantes como “ilegales” o “criminales”.

La amenaza de Sessions coincidió con un encuentro en Nueva York de autoridades de “ciudades santuario” de todo el país, que analizan estrategias para fortalecer las protecciones de la comunidad inmigrante.

En años recientes, los casos de estadounidenses que han sido víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados han dado abono a grupos que exigen “mano dura” contra ellos.

En julio de 2015, la estadounidense Kate Steinle fue asesinada en San Francisco (California), por Francisco Sánchez, un indocumentado que ya había sido deportado a México y fue puesto en libertad por las autoridades locales. Sus padres ofrecieron testimonio ante el Congreso, y el caso se convirtió en un arma electoral el año pasado.

Más recientemente, la violación de una menor de edad a manos de dos inmigrantes indocumentados,  en el baño de una secundaria en el Condado de Montgomery (Maryland), ha caldeado los ánimos de grupos opuestos a que el estado se convierta en un “santuario”.

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Ciudades hacen caso omiso

Las “ciudades santuario” ya habían quedado sobreaviso cuando Trump las puso en su mira en una orden ejecutiva del pasado 25 de enero, pero en ese momento indicaron que arriesgarían la eliminación de fondos públicos.

Al igual que entonces, varias ciudades volvieron a desafiar hoy a la Administración Trump, al dejar en claro que no les asusta la amenaza de Sessions.

El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, dijo que su oficina seguirá dando a los gobiernos locales “las herramientas que necesitan para proteger legalmente a sus comunidades inmigrantes- y no dejaremos de luchar para derrotar las políticas migratorias anti-estadounidenses” del gobierno de Trump.

La semana pasada, el alcalde de Los Angeles (California), Eric Garcetti, prometió que mientras él esté a cargo, la policía angelina jamás participará en programas que conviertan a las autoridades policiales locales en agentes de Inmigración.

Javier H. Valdés, co-director ejecutivo de “Make the road New York”, una coalición de más de 20,000 miembros, afirmó en un comunicado que Sessions prefiere congraciarse con “nativistas” y grupos supremacistas blancos que promueven políticas anti-inmigrantes. El activista sugirió que Sessions está perdiendo su tiempo.

“Las comunidades inmigrantes están acá para quedarse y resistirán a cada paso. Y confiamos que la Ciudad de Nueva York y otras ciudades y estados pro-inmigrantes resistirán esta política de odio”,  enfatizó Valdés.

Kristen Clarke, directora ejecutiva del grupo legal “Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law”, acusó a Sessions de perseguir la creación de “un Estado policial” contra los inmigrantes mediante la “xenofobia” y acciones discriminatorias, y prometió que grupos como el suyo lucharán contra esos esfuerzos.

¿Puede Trump quitarles fondos?

Según el CAP, la Administración Trump puede amenazar con suprimir fondos para las ciudades “santuario”,  pero para eso tendría que superar numerosos obstáculos en los tribunales.

La Décima Enmienda de la Constitución prohíbe que el gobierno federal obligue o presione a los estados a ayudar en la aplicación de las leyes de Inmigración, una tarea que legalmente recae sobre las autoridades federales.

Además, el Tribunal Supremo ya ha dictaminado que el gobierno federal sólo puede imponer condiciones sobre la distribución de fondos si esas condiciones están relacionadas con los objetivos del programa en cuestión, precisó el CAP.