Buscan acabar con el negocio carcelario de ‘la Migra’ en California
La SB 29 quiere prohibir la contratación con empresas privadas para la reclusión de indocumentados en California
Los indocumentados son obligados a trabajar largas horas por cerca de 1 dólar el día Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion
Comida en estado de descomposición, inodoros tapados, celdas oxidadas, regaderas con moho y teléfonos sin servicio son algunas de las condiciones en las que permanecen recluidos miles de inmigrantes indocumentados en uno de los mayores centros carcelarios del sur de California, asegura un reporte de inspectores federales.
Los inspectores documentaron las condiciones al interior la cárcel de Theo Lacy, un complejo penitenciario de 11 hectáreas administrado por el departamento de policía de Orange County. A pesar de que el reporte fue realizado por el propio Departamento de Estado el condado de Orange desestima los hallazgos llamándolos exagerados.
La explicación es muy sencilla. Por los últimos siete años el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha rentado el centro carcelario de alta seguridad al condado de Orange por cerca de $30 millones de dolares anuales.
Este tipo de jugosos contratos son vitales. Por un lado para el gobierno federal que busca a como de lugar tener más camas y espacio para la detención de indocumentados y por el otro para las ciudades que están en busca de robustecer sus finanzas, así sea permitiendo que muchos de estos centros penitenciarios funcionen en condiciones detrimentes para los inmigrantes retenidos.
De los diez centros de detención en California, ninguno es de propiedad del gobierno federal. Cinco son cárceles de condado, una de la ciudad y el resto son centros de detención privados. En total un 75% de la camas que albergan a indocumentados en estos centros de detención son operados por cárceles privadas.
Así mientras la política migratoria de la administración Trump sigue anunciando su deseo de encarcelar el mayor número de indocumentados posible, los precios de las acciones de GEO Group y CoreCivic, las dos corporaciones de cárceles y centros de detención migratoria privada más grandes de los Estados Unidos han incrementado su valor en un 87% y 125% respectivamente.
SB 29
En busca de detener y poner en cintura lo que ocurre dentro de estos centros carcelarios y del millonario negocio que este genera, el representante Demócrata Ricardo Lara lidera en la legislatura estatal el proyecto de ley SB 29. Este establece nuevas reglas para el funcionamiento estos centros carcelarios así como la prohibición a gobiernos locales en California para que contraten con empresas privadas para la reclusión de indocumentados. El día martes el proyecto pasó el primer debate en el Comité Judicial del Senado estatal.
Uno de estos controvertidos centros de detención privado es la cárcel de Adelanto, donde estaba recluido Osmar Epifanio González-Gadba, un indocumentado nicaragüense de 32 años, quien fue encontrado colgado en su celda el pasado 22 de marzo. Por el arriendo de este centro penitenciario la ciudad de Adelanto recibe un millón de dolares al año. Al igual que esta cárcel son muchas otras en California las que han sido el blanco de activistas y grupos pro inmigrantes que se quejan de sus condiciones. Las mismas cárceles donde han perdido la vida cinco reclusos en los últimos años.
