Piden que cumbre centroamericana ofrezca respuestas a “crisis de refugiados”

WASHINGTON.- En vísperas de la cumbre regional sobre Centroamérica en Miami (Florida), líderes cívicos y religiosos afirmaron este martes que el encuentro debe incluir respuestas a la “crisis de refugiados” en el “Triángulo del Norte”, y las causas que obligan a su éxodo masivo hacia EEUU.

Durante una conferencia telefónica, los activistas y expertos en materia migratoria coincidieron en que la reunión en Miami, entre el jueves y viernes  próximos, bautizada como la “Conferencia sobre la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica”, debe abordar políticas que garanticen los derechos de los solicitantes de asilo, muchos de los cuales terminan encerrados en centros de detención y de forma prolongada.

Abel Núñez, director ejecutivo de CARECEN y miembro de “Alianza Américas”, señaló que la violencia no amaina y la migración sigue siendo “la única opción viable” para grupos vulnerables, que han perdido fe en las instituciones, no hallan suficientes oportunidades económicas, pero sí afrontan “corrupción generalizada” e incluso represión militar.

“Si la Administración Trump insiste en medidas policiales y la militarización (de la frontera), eso sólo agravará la situación”, advirtió Núñez, al señalar que la migración se ha propagado a otros países de la región.

Por su parte, Lisa Frydman, vicepresidenta del grupo “Kids in Need of Defense” (KIND), destacó la urgencia de atender la violencia contra las mujeres,  como ha quedado de manifiesto en casos de violaciones por parte de pandilleros, tráfico de humanos e incesto, así como la violencia contra miembros de la comunidad LGBT.

Frydman condenó la sugerencia reciente del secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, de que los migrantes que huyen del clima de violencia tratan de “defraudar” al sistema migratorio de EEUU para conseguir asilo.

Sus declaraciones no sólo distorsionan la realidad sobre el terreno sino que no toman en cuenta que EEUU ya tiene un complejo y prolongado proceso de revisión de casos, precisamente para identificar a quienes necesiten protección bajo el derecho internacional, explicó Frydman.

En ese sentido, Daniella Burgi-Palomino, analista del Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG, en inglés), consideró que EEUU debe mostrar seriedad en su compromiso con los refugiados, y México “no debe aceptar cooperar con EEUU si eso significa deportar a solicitantes de asilo” a situaciones de peligro.

La Administración Trump ha expresado voluntad en trabajar de cerca con México y los países del “Triángulo del Norte”, pero su presupuesto para el año fiscal 2018 ha reducido en casi una tercera parte la asistencia económica para Guatemala, El Salvador y Honduras, lo que afectará los programas puestos en marcha para reducir la violencia.

Maltrato a solicitantes de asilo

 Alaide Vilchis Ibarra, directora de política migratoria de la Iglesia Luterana Evangélica, destacó el trato “deshumanizante” que los refugiados sufren, y EEUU debe cumplir con su obligación de proteger a los más vulnerables.

Leah Chavia, activista de la Comisión de Mujeres Para Refugiados (“Women´s Refugee Commission”, WRC), no participó en la llamada, pero por separado se hizo eco de las preocupaciones sobre el trato que EEUU da a solicitantes de asilo, niños no acompañados de Centroamérica, y otras poblaciones vulnerables en la frontera con México.

“Va contra la vena de este país el dar la espalda a los  necesitados, especialmente al no darles una oportunidad justa de presentar sus peticiones de alivio disponible bajo la ley, y que éstas sean adjudicadas adecuadamente”, dijo Chavia en una declaración escrita.

Chavia advirtió de que si las autoridades no profundizan sobre las raíces del desplazamiento de miles de migrantes, y no realizan consultas con la sociedad civil y las comunidades afectadas, no podrán frenar “el ciclo de violencia, impunidad, y corrupción”, que los obliga a refugiarse en EEUU.

Espiral de violencia y abusos de derechos humanos

La espiral de violencia en el “Triángulo del Norte” es innegable: según datos oficiales, Guatemala, El Salvador y Honduras, registraron en 2016, en su conjunto, un total de 14,870 homicidios.

Además, cada uno, por su cuenta, registró niveles por encima de lo que Naciones Unidas considera que constituye una “epidemia”:  la tasa de homicidio en El Salvador fue de 81, en Honduras, de 58, y en Guatemala, de 27, por cada 100,000 habitantes.

Esos países también registran algunas de las tasas más altas de violencia sexual y de género, y los ciudadanos de a pie carecen de un acceso adecuado a la Justicia en casos de abuso de poder por parte de funcionarios de alto rango.

Para los activistas,  una solución al desplazamiento de migrantes implica la adopción de políticas que respeten los derechos de las personas para solicitar asilo en EEUU y en el resto de la región, así como el respeto de sus derechos humanos.

En una carta enviada al secretario de Estado, Rex Tillerson, el pasado 7 de junio, activistas de más de un centenar de organizaciones de EEUU, América Latina y Europa, le urgieron que “demuestre liderazgo” y asegure que el apoyo de la Administración Trump para Centroamérica pone el énfasis en el desarrollo de economías “sostenibles”, en el fortalecimiento de los derechos humanos, el combate a la corrupción, el acceso a la justicia, y el respeto al imperio de la ley.

La cumbre de dos días, organizada por los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional y co-auspiciada por México, estará centrada en el desarrollo económico y la seguridad ciudadana, y contará con la participación de los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, funcionarios de sus respectivos gobiernos, y líderes cívicos.

En paralelo, habrá un encuentro con líderes de los sectores público y privado, auspiciada por el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID).