Tijuana vuelve a la inseguridad que la puso de cabeza hace una década

MEXICO – Sea por una lucha de cárteles de la droga, por la aplicación del nuevo sistema de justicia penal que deja libres a cientos de delincuentes sino se les agarra en fragancia o un asunto de descuido y desidia de las autoridades, el caso es que el 2017 arroja a la fronteriza Tijuana una realidad que ya se creía superada: es la ciudad más peligrosa del país.

De enero a septiembre del presente año suma 1,285 homicidios violentos, los cuales, de acuerdo con cifras del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, representan un incremento de más del 200% con relación al mismo periodo del mismo año y 134% arriba de los años más duros de hace una década y a pesar  de las estrategias que desde hace un año se echaron a andar por el presidente Enrique Peña en las 50 metrópolis más inseguras.

“Le echan la culpa al nuevo sistema de justicia penal, pero no es solo eso, sino que se están aplicando las mismas medidas operativas y preventivas de hace tres años  y esas medidas ya no sirven para contener lucha criminal que cambió su estrategia“, advirtió David Solís, del Comité Ciudadano de Seguridad Pública a través de las redes sociales de la organización.

“En aquel entonces los criminales se paseaban en convoyes de vehículos y así fue la estrategia de gobierno para combatirlos. Hoy y después del 2015, ahora son grupos de células arraigadas en sectores de colonias de Tijuana, no tienen necesidad de moverse a otros sectores de la ciudad, desde ahí están asesinado“.

Desde el gobierno estatal el gobernador Francisco Vega sostiene que el principal problema en Tijuana es la lucha entre diferentes grupos de narcomenudistas por el mercado de la droga que provocan el 70% de los asesinatos violentos.

“Hay mantas que se han colocado en diversos puntos de la ciudad y que traen ciertos mensajes. Pero algunos de esos mensajes, me dicen quienes están en estos temas, son para confundir”, expresó.

De cualquier forma en los últimos meses repuntaron ejecuciones, decapitaciones, descuartizamientos, descabezados, cuerpos tirados en las calles, dentro de bolsas o colgados en puentes del centro de la ciudad.

Desde enero pasado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial local Kurt Honold Morales pidió a las autoridades reconocer la situación. “La inseguridad no se va a resolver evitando hablar de ella, o al decir que se trata de una guerra entre delincuentes que no afecta al resto de los ciudadanos”.

La cuentas que sacan los empresarios es que sí les afectan con las extorsiones porque a la par de los asesinatos y violencia volvió el cobro al derecho de piso bajo la amenaza de que si se niegan  sus locales y mercancías serán incendiados y ellos asesinados, como en los viejos tiempos.