Administración Trump defiende arrestos de abuelita jamaiquina en Florida y activista en Arizona

WASHINGTON— La Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP), defendió este miércoles los recientes arrestos de una abuela jamaiquina en Florida y de un activista en Arizona, que grupos defensores de los inmigrantes calificaron como ejemplos de cobardía y excesos de la Administración.

Ambos casos encendieron las redes sociales, en unos momentos en que, según activistas pro-inmigrantes, la Administración Trump quiere enviar un mensaje de dureza contra los inmigrantes, tengan o no historial criminal, y que nadie está a salvo en medios de transporte público.

En el caso de Florida, Beverly, una abuela jamaiquina, fue arrestada la tarde del viernes pasado por dos agentes de la CBP en una parada de autobuses de Greyhound en Fort Lauderdale, cuando regresaba a Miami de un paseo en Orlando, aparentemente por permanecer en EEUU con una visa de turismo vencida.

La mujer fue entregada a agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y aguarda su eventual deportación en el “Centro Transicional de Broward”,  en Pompano Beach (Florida).

Los agentes dijeron que sólo estaban realizando una “inspección de rutina” y pidieron a los pasajeros cédulas de identidad o pasaportes con sello de entrada al país, pese a que no se exige prueba de estatus legal o ciudadanía para abordar transporte público en EEUU.

Un video del incidente grabado en un teléfono celular ha recibido más de 2,3 millones de vistas en la cuenta en Twitter de la Coalición Inmigrante de Florida (“Florida Immigrant Coalition”, FLIC), que ha iniciado una petición en línea para exigir la puesta en libertad de Beverly.

La nuera de la mujer, que no quiso ser identificada, dijo en un comunicado distribuido por FLIC que Beverly acababa de visitar a su familia en Virginia por primera vez, y que ésta no contó con la ayuda de un abogado al ser interrogada por ICE.

El incidente se produjo mientras la legislatura estatal de Florida busca sumarse a otros gobiernos que han adoptado medidas antiinmigrantes. La ley “HB9”, aprobada por la Cámara de Representantes estatal la semana pasada y que aguarda un voto en el Senado estatal,  autoriza la colaboración de la policía local y estatal con agentes federales en la detención de inmigrantes indocumentados, pese a que muchas entidades policiales se oponen a la medida.

En el caso de Arizona, agentes de la CBP arrestaron a un profesor universitario el pasado 17 de enero porque, según la agencia, éste presuntamente estaba albergando a dos inmigrantes indocumentados -un delito federal- en una propiedad en la ciudad de Ajo, cerca de la frontera con México, y será sometido a juicio.

Scott Daniel Warren, un profesor de la Universidad Estatal de Arizona, fue arrestado poco después de que el grupo “No Más Muertes” (“No More Deaths” ) divulgó un video que muestra a los agentes de la CBP botando galones de agua en una conocida ruta de inmigrantes indocumentados en el desierto sonorense, colocados allí para evitar que mueran de insolación.

Warren tuvo una audiencia ayer en el caso, y su abogado, Bill Walker, rechazó que su cliente estuviese implicado en operaciones ilegales, y afirmó que su arresto sin duda fue en represalia por su labor con el grupo “No Más Muertes”.

La Administración responde

Consultada hoy sobre ambos casos por este diario, la Administración dijo que la CBP está comprometida con el cumplimiento de las leyes migratorias del país.

En el caso de Warren, Cosme López, un portavoz de la fiscalía en Arizona, dijo que “como se trata de una investigación en curso, nuestra oficina no hará comentarios sobre este caso”, aunque sometió documentos en un tribunal federal contra el profesor.

Una fuente de la CBP en Tucson (Arizona) dijo que la agencia comparte la meta de organizaciones no gubernamentales de “preservar la vida humana y evitar lesiones” de inmigrantes.  El sector de Tucson cuenta con más de 3,600 agentes “listos para ofrecer ayuda”, como primeros auxilios y agua, para cualquier persona, sin importar su estatus migratorio o ciudadanía, afirmó.

En el caso de Beverly, la CBP dijo que ésta permaneció en EEUU con una visa de turismo vencida y que las leyes federales permiten a sus agentes abordar medios de transporte sin orden judicial, incluyendo trenes, aviones y vehículos, “para frenar el paso a inmigrantes indocumentados”.

“Estas operaciones se realizan en lugares estratégicos que se utilizan para el contrabando de drogas y humanos, para impedir que organizaciones criminales sigan explotando este tipo de transporte”, explicó Keith Smith, portavoz de la CBP en Florida.

La Administración Trump ha dicho en numerosas ocasiones que, en aras de la seguridad ciudadana, su máxima prioridad es lograr el arresto y expulsión de “malos hombres” (“bad hombres”), es decir pandilleros e inmigrantes con historial de crímenes graves.

Sobre el terreno, sin embargo, en las redes de Inmigración también han quedado atrapados residentes legales, “Dreamers”, y activistas que acompañan al movimiento pro-inmigrante.

Isabel Sousa-Rodríguez, una directora de FLIC, dijo que incidentes como el de Beverly “erosionan la confianza del público en la policía y demás autoridades” encargadas de la seguridad pública, y los residentes de Florida merecen usar transporte público “en paz y sin tener que portar su certificado de nacimiento o pasaporte”.

Por su parte, la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), afirmó que los agentes de la Patrulla Fronteriza de forma rutinaria ignoran o desoyen los límites de su autoridad legal al realizar paradas de vehículos, de paso atropellando “los derechos constitucionales de gente inocente”.

Estos abusos reflejan la capacitación inadecuada de la Patrulla Fronteriza, la falta de supervisión de la CBP y el Departamento de Seguridad Nacional, y la falta de rendición de cuentas, dijo ACLU, al señalar que ninguna parte del mapa estadounidense está exenta de respetar la Constitución.

Tras asumir el poder el 20 de enero de 2017,  el presidente Donald Trump emitió órdenes ejecutivas para estrechar el cerco a inmigrantes indocumentados, expandiendo la autoridad de la CBP más allá de un área de 100 millas en la frontera sur.