Trump envía al Congreso plan de $1.5 billones para reparar y modernizar infraestructura

WASHINGTON— El presidente Donald Trump divulgó este lunes su esperado plan de $1.5 billones para reconstruir y modernizar las carreteras, puentes, aeropuertos y demás infraestructura nacional, con muy poca ayuda para las ciudades y estados, y ya ha generado escepticismo en el Congreso.

Durante la contienda de 2016, Trump prometió un plan para modernizar la infraestructura en los primeros 100 días de su gobierno, pero a lo largo de 2017 invirtió su capital político en la eliminación de órdenes ejecutivas y regulaciones de la Administración Obama y en su lucha por eliminar “Obamacare”.

Ahora, la Casa Blanca finalmente divulgó su plan de 55 páginas con cuatro pilares: la modernización de  la infraestructura, una reducción a dos años el proceso de aprobación de permisos, inversiones en zonas rurales, y más programas de capacitación laboral.

Además de atender las necesidades de la infraestructura tradicional, como carreteras, puentes y aeropuertos, “también responde a otras necesidades como los sistemas de agua potable y desagüe, sistemas fluviales, recursos hídricos, energía, infraestructura rural, terrenos públicos, hospitales para veteranos” y zonas contaminadas, explicó Trump en el documento.

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Sin embargo, no está claro cuándo sería sometido a voto, ni que sea necesariamente el que termine aprobando el Congreso.

Un funcionario de alto rango de la Administración, que pidió el anonimato, explicó en conferencia telefónica con periodistas el sábado pasado que el plan provee fondos para obras públicas y reducirá a dos años el proceso para la obtención de permisos.

“No hemos invertido lo suficiente en nuestra infraestructura, y tenemos un proceso de permisos que toma tanto tiempo, que aún cuando los fondos son adecuados, puede tomar una década construir infraestructura crítica”, aumentando los costos, dijo.

El plan provee incentivos para las localidades y el sector privado, y centralizaría el proceso de permisos en una sola agencia.

Pero el funcionario rechazó críticas de grupos ecologistas de que el plan se traducirá al desmantelamiento de protecciones ambientales, al insistir en que el gobierno no está abogando por la contaminación del aire o del agua.

Una parte clave del plan es su financiación, y el funcionario no explicó de dónde provendrían los fondos, aunque la Administración prevé proponer recortes en otras áreas del presupuesto federal.

Ya antes de que la Casa Blanca divulgara su plan, varios congresistas habían venido presionando por un aumento en los impuestos federales a la gasolina para recabar más dinero para el Fondo Fiduciario para Carreteras (Highway Trust Fund), lo que dificulta que haya apetito para más impuestos.

El plan da un giro de 180 grados en la forma en que se financian ahora los proyectos para carreteras interestatales, que siguen una fórmula de 80% del gobierno federal y del 20% por parte de los gobiernos estatales. Mientras, los costos de sistemas de tránsito normalmente se comparten entre el gobierno federal y los estados por partes iguales, en un 50%, pero el plan trasladaría un mayor costo a los usuarios.

Trump prevé realizar una gira nacional para promover el plan, ya sea en zonas que han registrado una mejora o que necesitan una fuerte inversión en su infraestructura.

 La propuesta de Trump

En concreto, el plan de la Administración aporta $200,000 millones en fondos federales en un plazo de diez años, de los cuales la mitad se destinarán como incentivos para que las ciudades, condados y estados recauden al menos el 80% de los fondos para obras públicas.

Las localidades y estados que demuestren que tienen sólidas fuentes de financiación de proyectos, incluyendo del sector privado, tendrían prioridad en el acceso a fondos federales.

Alrededor de $50,000 millones estarían destinados a proyectos en zonas rurales, y los gobiernos estatales tendrían autonomía sobre el uso de esos fondos.

Así, el plan establece que el gobierno federal solo financiará el 14% del costo total para reconstruir las derruidas carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, y vías férreas.  El 86% del costo restante, o $1,300 millones, sería financiado por las ciudades, condados y estados, que probablemente tengan que aprobar un aumento de impuestos en servicios de transporte, el cobro de peajes en las carreteras, o un aumento en los costos del sistema de alcantarillado.

Críticas de la oposición y ambientalistas

El plan afronta el escepticismo de los conservadores en el Congreso, que se muestran renuentes a aprobar su alto costo, pese a que el gobierno federal solo aportaría $200,000 millones. El problema es que el Congreso, bajo control republicano, aprobó una reforma tributaria con un masivo recorte de impuestos que aumentará el déficit por $1.5 billones en una década, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Gobierno.

Mientras, líderes de la bancada demócrata, entre éstos el senador Chuck Schumer, lo consideran demasiado costoso para las comunidades locales. En general, los demócratas advierten de que, al reducir la ayuda federal para las ciudades y estados –ya afectadas por déficits presupuestarios-, el plan necesariamente obligaría a un aumento en los impuestos a la propiedad y las ventas, y el cobro de peajes.

El Comité Nacional Demócrata (DNC) dijo a los periodistas que el plan de Trump “sólo es otro obsequio para las corporaciones y pudientes constructores, a costas de los trabajadores estadounidenses, y no responde a algunas de las necesidades más apremiantes que afronta nuestro país”.

El viernes pasado, la bancada demócrata del Congreso presentó su propio plan de infraestructura, y afirmó que el plan de la Casa Blanca es una farsa.

Grupos ecologistas instaron al Congreso a que rechace el plan, al argumentar que éste diezmará los programas de protección ambiental, especialmente si la Administración Trump consigue revertir varias regulaciones ambientales y vender terrenos públicos para agilizar la construcción de proyectos.

Ben Schreiber, principal estratega político de “Friends of the Earth”,  dijo que el plan de la Casa Blanca no es más que un truco para revertir protecciones ambientales y de salud pública, porque “permitirá que la Administración construya unilateralmente oleoductos en parques nacionales y venda nuestros terrenos públicos a empresas de petróleo y carbón”. 

El año pasado, la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE, en inglés), dijo en un informe que la desmoronada infraestructura nacional se merece una calificación de “D+” –entre las peores-, y que en realidad necesitará una inversión de al menos $4.5 billones para 2025.