Juez Gonzalo Curiel emite fallo que allana camino para construcción de muro fronterizo
El fallo de Curiel no garantiza la construcción del muro pero elimina una traba importante
WASHINGTON— El juez mexicoamericano Gonzalo Curiel, que en 2016 afrontó duros ataques del ahora presidente Donald Trump, emitió este martes un polémico fallo que allana el camino hacia la construcción de su prometido muro fronterizo, al permitir que la Administración recurra a exenciones ambientales para acelerar el proyecto.
Curiel presidió el caso de una demanda entablada por California y grupos ecologistas, que acusaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de saltarse normas de protección ambientales para iniciar la construcción de un muro a lo largo de varios tramos en la frontera sur.
El DHS argumentó en su momento que tenía autoridad legal, bajo ciertos estatutos federales, para obviar revisiones ambientales y proceder a la construcción de barreras en un tramo de San Diego (California), con el objetivo de mejorar la vigilancia de la Patrulla Fronteriza.
En un documento de 101 páginas, Curiel le dio la razón al DHS, al explicar que la agencia federal sí tiene autoridad para emitir exenciones para acelerar la construcción de infraestructuras que considere necesarias en la frontera.
Sin embargo, apoyándose en declaraciones que hiciera en 2012 el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, Curiel hizo énfasis en que la labor de un juez no es opinar sobre políticas públicas sino “interpretar las leyes”, y son los votantes quienes deciden en las urnas el futuro de líderes que adopten medidas con las que no estén de acuerdo.
“La corte está al tanto de que el sujeto de estas demandas, las barreras fronterizas, en la actualidad es sujeto de un encendido debate político en EEUU y entre EEUU y México en torno a la necesidad, eficacia y fuente de financiación de esas barreras… al revisar este caso, la Corte no puede ni considera si las decisiones subyacentes para construir barreras fronterizas son políticamente sabias o prudentes”, explicó Curiel.
El portavoz del Departamento de Justicia, Devin O´Malley, aplaudió el fallo al considerar que la seguridad fronteriza es fundamental para “frenar la inmigración ilegal que contribuye a un incremento en crímenes violentos y a la crisis de las drogas, y mina la seguridad nacional”.
“El Congreso dio autoridad al Departamento de Seguridad Nacional de construir un muro fronterizo sin demora para prevenir la entrada ilegal a EEUU, y nos complace que el DHS pueda continuar esta importante labor que es vital para los intereses de nuestra nación”, puntualizó O´Malley.
Trump viajará a California el mes próximo para inspeccionar los prototipos ya construidos en el sector de San Diego, además de participar en un acto de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano.
El fallo de Curiel, sin embargo, no significa que mañana mismo comience la construcción del muro –el Congreso aún no ha aprobado los $18 millones solicitados por la Administración para el megaproyecto-, pero sí elimina una importante traba.
Rechazo a fallo de Curiel
El fiscal general de California, Xavier Becerra, dijo en un comunicado que estudiará sus opciones, al insistir en que la Administración Trump “está ignorando las leyes que no le gustan para resuscitar un argumento de su campaña de construir un muro” en la frontera sur.
“Vamos a evaluar todas nuestras opciones y estamos preparados para hacer lo necesario para proteger a nuestra gente, nuestros valores, y nuestra economía del exceso (del gobierno) federal. Un muro medieval en la frontera de EEUU y México no tiene cabida en el siglo 21”, afirmó Becerra.
La demanda contra la Administración contó con el respaldo del Caucus Hispano del Congreso (CHC) y grupos ecologistas, entre éstos el Sierra Club, que en sendos comunicados condenaron el fallo por los posibles efectos nocivos en el medio ambiente y ecosistema de la frontera.
La abogada del Sierra Club, Gloria Smith, advirtió de que “los efectos de estas anulaciones (de cláusulas ambientales) y la destrucción que causará el muro fronterizo durarán largamente y serán dañinos para las comunidades en ambos lado de la frontera”.
“El mayor problema de estas anulaciones no es ni judicial ni filosófico, sino algo concreto. Las leyes que se han eliminado no son solo restrictivas. Son protecciones cruciales que se instauraron por razones concretas —la protección de las comunidades y el medio ambiente del que todos dependemos”.
“The biggest problem with waiving laws is not judicial or philosophical, it is concrete. The laws that are swept aside are not merely red tape. They are critical protections that were put in place for a reason– to protect people, their communities, and the environment."
— Sierra Club (@SierraClub) February 27, 2018
Por su parte, en una declaración enviada a este diario, el “Fondo de Defensa Legal para Animales” (“The Animal Legal Defense Fund”, ALDF) valoró la “cuidadosa consideración” del juez Curiel en el caso” pero, de todas maneras, evaluará sus opciones legales, incluyendo ir hasta el Tribunal Supremo.
Durante la contienda de 2016, Trump atacó duramente a Curiel, al insinuar que no tenía independencia jurídica por su “herencia mexicana”.
Curiel, nacido en Indiana, presidía una demanda de cerca de 4,000 estudiantes contra la Universidad Trump, que cerró sus puertas en 2010 pero que, según los demandantes, operaba sin licencia y cobraba sumas exorbitantes por cursos sobre inversiones.
El caso contra la Universidad Trump se resolvió, diez días después de los comicios de noviembre de 2016, con un acuerdo de $25 millones para indemnizar a los afectados.