Nueva Oficina de Justicia Ambiental para proteger barrios vulnerables de California

California está creando una Oficina de Justicia Ambiental que investigue a los contaminadores que operan en barrios de minorías y de bajos ingresos. Un portavoz del fiscal general del estado, Xavier Becerra, dice que el nuevo equipo contará con cuatro abogados. “La dura realidad es que las comunidades de bajos ingresos y comunidades de color siguen siendo las más afectadas por el desarrollo industrial, malas decisiones de uso de la tierra, transporte y corredores comerciales; satisfacer las necesidades de estas comunidades requiere nuestra atención concentrada”, dijo en un comunicado.

Y los estudios avalan estas palabras. Así, un estudio  que revisó 30 años de datos demográficos confirmó que las instalaciones industriales peligrosas tienden a estar ubicadas en vecindarios minoritarios. El informe de 2016, publicado por la Universidad de Michigan y la Universidad de Montana, señaló que “las minorías y las comunidades de bajos ingresos son vistas como la ruta de menor resistencia porque tienen menos recursos y poder político para oponerse a la ubicación de instalaciones no deseadas”.

Otro estudio a largo plazo, Toxic Waste and Race at Twenty, encontró que más de la mitad de todas las personas en los EEUU que viven dentro de 1.86 millas de zonas de residuos peligrosos son minorías, lo que expone a barrios dominados por personas de color a tasas más altas de contaminación del aire.

La nueva Oficina de Justicia Ambiental está enfocada a limpiar el agua potable contaminada; reducir la exposición a tóxicos en productos de consumo y penalizar las descargas ilegales al aire y al agua que afectan a barrios de minorías y de bajos ingresos. La unidad continuará desafiando las decisiones federales que podrían a afectar la salud de los barrios vulnerables.

Entre los asuntos que se espera que la nueva unidad considere destaca un caso federal relacionado con el almacenamiento de carbón en el Puerto de Oakland. Un portavoz de la oficina de Becerra dijo que el estado se unió a la demanda al presentar un informe amicus en apoyo de la ordenanza de carbón de Oakland para “enviar un fuerte mensaje de que ya no es el momento de aprovecharse de las comunidades de color”. Los activistas locales han recibidos las noticas con optimismo.

Así habló Vien Truong, directora de Green For All, una organización sin ánimo de lucro con sede en Oakland: “demasiadas familias en California sufren de pobreza y contaminación; de hecho, generalmente van de la mano; las familias de todo el estado darán un suspiro de alivio con la promesa de justicia y responsabilidad por los contaminadores “.

Un proyecto de ley presentado por el asambleísta Eduardo García (D-Coachella) establecería un fondo de justicia ambiental para el dinero de las multas y los acuerdos judiciales, que luego pueden ser después utilizados para futuras investigaciones.

Medidas como esta convierten a California en un importante opositor a la reestructuración de la política ambiental de EEUU por parte de la administración Trump. “Tenemos a los científicos, tenemos a los abogados y estamos listos para luchar”, dijo el pasado diciembre el gobernador Jerry Brown durante un discurso ante la Unión Geofísica Estadounidense.

De hecho, desde que Donald Trump asumió el cargo, Xavier Becerra ha presentado más de dos docenas de demandas contra la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Energía o el Departamento del Interior, a menudo centradas en el acceso de los niños al aire limpio y al agua potable. Las demandas incluyen desafíos a las decisiones federales para derogar las normas de fracking y suspender una norma de 2015 que habría protegido más ríos de California en virtud de la Ley de Agua Limpia. La Oficina de Justicia Ambiental es parte de un esfuerzo más amplio de Becerra para tomar medidas drásticas contra los contaminadores.

El anuncio de la unidad se produce pocas semanas después de que la Agencia de Protección Ambiental de EEUU eliminara una medida clave de la era Clinton que regulaba los contaminantes del aire como el arsénico, el mercurio y el plomo. “Esta es una de las acciones más peligrosas que la Agencia de Protección Ambiental de Trump ha tomado contra la salud pública”, dijo en un comunicado John Walke, director de aire limpio en el Consejo de Defensa de Recursos Naturales.