Trump firmó orden para enviar Guardia Nacional a la frontera con México

DHS coordinará despliegue militar con el Pentágono, gobiernos de la frontera, y agencias federales
Trump firmó orden para enviar Guardia Nacional a la frontera con México
El objetivo del presidente es enviar ayuda a la Patrulla Fronteriza.
Foto: FREDERIC J. BROWN / Getty Images

WASHINGTON – El presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden para iniciar el eventual despliegue de la Guardia Nacional a la frontera con México para  ayudar a la Patrulla Fronteriza en las tareas de vigilancia y responder al “aumento drástico” de actividad ilegal en la zona.

En un memorándum distribuido por la Casa Blanca, Trump enumeró los retos a la seguridad fronteriza, incluyendo el extenso contrabando de drogas e inmigrantes indocumentados y  la “MS-13” que, aseguró, están aprovechando la escasa seguridad en la frontera.

Trump dio un plazo de 30 días para que los departamentos de Seguridad Nacional, Defensa y Justicia le entreguen un plan de acción y recomendaciones específicas para el despliegue militar.

Horas antes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen,defendió desde la sala de prensa de la Casa Blanca la decisión de Trump al señalar que la seguridad fronteriza es sinónimo de “seguridad nacional”,  y que “la amenaza es real” en la zona,  mientras se construye el prometido muro fronterizo.

Siguiendo el libreto de Trump, Nielsen afirmó que es hora de poner un “acabose” al incesante flujo de inmigrantes indocumentados en la frontera sur, donde las autoridades arrestan a unos 300,000 al año, y el envío de la Guardia Nacional servirá como un elemento para disuadir de inmediato los cruces ilegales.

Aunque las cifras oficiales apuntan a bajos niveles de arrestos en la frontera -señal de que también han bajado los cruces ilegales-, Nielsen afirmó que los números han comenzado a subir nuevamente.

Nielsen dijo que la Administración está en consultas con los gobiernos de la frontera sur y quiere que el despliegue, en números posiblemente similares a despliegues anteriores en 2006 y 2010,  ocurra lo más pronto posible.

El despliegue “será fuerte, serán los (soldados) que sean necesarios para llenar los vacíos” en la vigilancia fronteriza y “esperamos que sea de inmediato”, prometió Nielsen. 

La decisión, que también tiene que ser coordinada entre el Departamento de Seguridad Nacional,  el Pentágono y otras agencias federales, se enmarca dentro de la campaña de ataques que emprendió recientemente Trump contra la presunta porosidad de la frontera y los inmigrantes indocumentados.

Salvo una encuesta reciente, Trump afronta bajos niveles de aprobación y diversas controversias políticas, pero la Administración descarta que el envío de tropas sea un señuelo para apuntalar el apoyo de su base. Lo cierto es que ambos partidos usarán el tema de inmigración como arma electoral en los comicios del próximo 6 de noviembre.

De los cuatro estados que comparten frontera con México, sólo California está bajo control demócrata, mientras que Arizona, Nuevo México y Texas están en manos republicanas.

El gobernador de Arizona, Doug Doucey, dio la bienvenida al plan militar porque, aseguró, “Washington ha ignorado este asunto durante demasiado tiempo y se necesita ayuda. Para Arizona, se trata de seguridad pública”.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció que Trump está muy “frustrado” con la inacción del Congreso para modificar leyes que, a su juicio, contienen “lagunas” que los indocumentados y contrabandistas aprovechan para filtrarse por la frontera sur.

Nielsen repitió el argumento de que DACA es un imán de la inmigración ilegal porque muchos piensan que pueden acogerse al programa, pese a que éste no está abierto para nuevas solicitudes y, de todas maneras, ningún recién llegado calificaría.

Armada con estadísticas sobre los retos a la seguridad fronteriza, Nielsen dijo que éstos incluyen fraude en las solicitudes de asilo, una enorme demora en los tribunales de inmigración, y recursos insuficientes para combatir a los inmigrantes indocumentados en la frontera y al interior del país.

Nielsen reiteró el pedido de la Administración de que apruebe más fondos para la vigilancia fronteriza, más allá de los $1,600 millones ya aprobados para lo que resta del año fiscal 2018.

Más adelante,  funcionarios de alto rango de la Administración, que pidieron el anonimato, convocaron una conferencia telefónica desprovista de detalles sobre cuántos soldados serán desplegados, dónde, cuándo y qué harán, pero sí repleta de su consabida retórica sobre la “débil” seguridad fronteriza.

Por ahora no hay fecha para el eventual despliegue militar porque todavía se están negociando los “acuerdos de entendimiento” con los gobernadores de los estados fronterizos, dijo uno de los funcionarios.

“Hemos tenido buenas conversaciones, muy productivas. Hay muchas personas de ambos partidos que apoyan la seguridad fronteriza… estamos optimistas de que tendremos la cooperación” de los gobernadores, agregó.

Un segundo funcionario repitió su queja de que el Partido Demócrata ha bloqueado todo esfuerzo por reforzar la seguridad fronteriza, y advirtió de que si decide que será “el partido de fronteras abiertas”, los votantes posiblemente se lo cobrarán en las urnas en noviembre próximo.

La Administración prevé enviar al Congreso un nuevo paquete legislativo para cerrar las “lagunas” y deportar a los inmigrantes indocumentados “de forma responsable”.  El paquete incluirá propuestas para restringir más el proceso de asilo en EEUU, aunque los funcionarios no dieron fecha para la presentación oficial.

El Senado rechazó a comienzos de marzo pasado un plan migratorio de $25,000 millones de Trump que, a cambio de legalizar a 1,8 millones de “Dreamers”,  recrudecía el combate contra los inmigrantes indocumentados y reducía la inmigración legal.

Rechazo de activistas 

Al igual que en previos despliegues, activistas de grupos pro-inmigrantes y de la comunidad fronteriza condenaron el plan de militarización porque, a su juicio, no hará nada por mejorar la seguridad ni responde a la crisis que abona la emigración ilegal hacia EEUU.

“Una vez, el presidente Trump abiertamente ha desvirtuado la desesperante situación de gente que huye de la violencia y la persecución, que solo quiere un lugar seguro para ellos y sus familias. El envío de la Guardia Nacional a la frontera podría poner en grave peligro a algunas de las personas más vulnerables del mundo”, dijo Marselha Gonçalves Margerin, director de abogacía para las Américas de Amnistía Internacional USA.

Jessica Morales Rocketto, directora política de la “Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas”, afirmó ni el muro fronterizo ni el envío de soldados o los ataques anti-inmigrantes de Trump en Twitter resolverán los problemas fundamentales que afronta el país, aunque todo eso sirve para “distraer, deshumanizar y distribuir el miedo” en la población inmigrante.

Morales Rocketto dijo que en respuesta a los ataques de Trump, la campaña de su grupo, “We Belong Together”, está enviando mensajes de solidaridad y “bienvenida” hacia la caravana de inmigrantes en México, y alentó al público a sumarse con el mensaje de texto “bienvenida” al número 97779.

El anuncio de la proclamación sobre el despliegue militar coincidió con la visita a Washington de una delegación de funcionarios mexicanos, encabezada por el canciller Luis Videgaray, quien se reunió con Nielsen.

La cancillería dijo que Nielsen le informó al gobierno mexicano que los miembros de la Guardia Nacional “únicamente realizará labores de apoyo”, no portarán armas ni realizarán funciones de control migratorio o aduanero.

“El gobierno de México ha expresado al gobierno de Estados Unidos que, si el anunciado despliegue de la Guardia Nacional se tradujera en una militarización de la frontera, ello dañaría gravemente la relación bilateral”, dijo la nota.

Las leyes federales prohíben que los soldados participen en operaciones policiales en territorio estadounidense, y mucho menos para hacer cumplir las leyes migratorias.

En el despliegue de 6,000 soldados en 2006, bajo la Administración Bush, y de 1,200 en 2010, bajo la Administración Obama, los miembros de la Guardia Nacional aportaron apoyo de logística y en tareas de mantenimiento de carreteras, y vigilancia, pero no tuvieron autoridad para hacer arrestos en la frontera.

Astrid Domínguez, directora del Centro de Derechos de la Frontera, de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), acusó a Trump de querer crear una nueva crisis porque no ha conseguido su muro, tras la crisis que produjo el desmantelamiento DACA.

Domínguez instó a los gobernadores y al Congreso a centrarse en los verdaderos problemas del país y no dejarse engañar por los trucos del mandatario.