¿Ha terminado la lucha de Sessions contra las ciudades santuario?

El gobierno de Donald Trump está tocando “los límites legales” de su lucha contra las ciudades santuario, luego de una segunda orden judicial la pasada semana que prohíbe retirar fondos policiales para castigar a las jurisdicciones que no pongan a sus oficiales a trabajar para la “migra”.

Pero el procurador Jeff Sessions no ceja en su intento de empujar a ciudades, condados y estados a colaborar con sus esfuerzos de deportación, y ahora tiene en la mira a ciudades como Seattle y Oakland y al estado de Vermont, a quienes amenazó el viernes con una “citación oficial” para demostrar que sí están cumpliendo con la ley, al restringir la información que comparten con el gobierno federal sobre personas arrestadas.

Expertos legales del lado pro-inmigrante consideran que se trata de una estrategia de “intimidación” ya que los tribunales han detenido sus intentos de usar el retiro de fondos federales para conminar a esas jurisdicciones a colaborar.

“Están al límite de su política porque la ley de Estados Unidos no les permite hacer lo que quieren hacer“, dijo Simon Rosenberg, de la organización New Democrat Network, un grupo demócrata centrista. “Mi conclusión personal es que se están desesperando”.

El gobierno federal también ha emprendido una demanda contra California por tres leyes estatales que protegen a los inmigrantes de arrestos indiscriminados, y varios condados y ciudades de los condados de Orange y San Diego se han estado sumando a la demanda contra su propio estado.

Para Angie Junck, abogada principal del Immigrant Legal Resource Center en California, el problema para el procurador Sessions es que hasta ahora no ha ganado una en los tribunales.

“Hemos estado ganando en las cortes”, dijo Junck. “Y francamente se están enojando cada vez más, porque no pueden hacer el tipo de deportaciones masivas que quieren sin obtener la cooperación de cientos de miles de polícias”.

El gobierno de Trump alega que las ciudades santuario “protegen” a criminales y supuestamente violan la ley al limitar la información y el acceso de ICE a cárceles y datos en manos de las autoridades locales, aunque California, por ejemplo, sí trabaja con ICE para la deportación de delincuentes peligrosos.

No obstante, el estatuto de ley que Sessions cita sólo exige que las autoridades locales no prohíban compartir información sobre el estatus migratorio de una persona con las autoridades federales.

“No existe ninguna obligación de las autoridades locales de compartir  información que muchas veces ellos mismos no tienen, porque la mayoría de las policías no preguntan estatus migratorio“, dijo Junck. “Otro tipo de información, como dirección, fecha de liberación de un detenido o otro tipo de información personal no está cubierta por ese estatuto”.