Xavier Becerra: “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el ocupante de la Casa Blanca”.

Es imposible separar a Xavier Becerra el hijo de inmigrantes de extracción humilde del político, ex congresista y ahora, fiscal de California que ha demandado al gobierno de Donald Trump 31 veces sobre temas del medio ambiente, inmigración y derechos del consumidor.

Una importante razón es que el propio Becerra nunca deja que esto se olvide: lo repite a menudo frente a los medios en inglés y, se lo pidan o no, siempre habla en español en sus presentaciones públicas.

No en vano es el primer latino en ocupar el cargo. Y en un momento histórico, en el que la mira de la Casa Blanca está directamente enfocada contra el estado y contra la población inmigrante.

Los cínicos dirán que Becerra es solo un político más, pero el propio fiscal de California no parece preocupado por ese tipo de juicios. Al contrario, su nombramiento en 2016 para ocupar el cargo que dejó Kamala Harris tras ser electa el senado, parece estarle dando a Becerra grandes satisfacciones.

“Este puesto me permite hacer lo que antes hacía como congresista, pero ahora como ejecutivo, en vez de legislador”, dice Becerra, riendo y gesticulando con la mano en forma de brindis. “Gracias a Dios”.

Es legendariamente difícil lograr cosas cuando hay que ponerse de acuerdo con otras doscientos y pico de personas, todas con sus intereses políticos diversos, lo que ocurría en el Congreso. Pero en la oficina del procurador de California, sólo hay alguien más arriba que él, y ese es el gobernador Jerry Brown.

Becerra, quien ahora es candidato para servir otro período como procurador de California, ha sido criticado por sus competidores en esa contienda como alguien que está “obsesionado con Trump” y supuestamente descuidando su trabajo como procurador.

El comisionado de seguros, el demócrata Dave Jones y los republicanos Steven Bailey y Eric Early compiten con él el próximo 5 de junio, y lo han criticado por estar ausente en debates y, en el caso de los republicanos, por ser “débil” en el tema de inmigración.

Becerra se defiende, señalando sus triunfos en los tribunales, donde ha logrado varias órdenes judiciales contra Donald Trump, incluyendo la que mantuvo vivo el programa DACA y la que determinó que el procurador Jeff Sessions no puede quitar fondos a Los Ángeles en castigo por no convertir a la policía local en agentes de inmigración.

“Ninguna de mis demandas es frívola”, dijo Becerra. “Mi trabajo es proteger las leyes que aprueba la legislatura de California y proteger los intereses de todos los californianos”.

Durante una reunión con la junta editorial de La Opinión, Becerra dijo confiar en que el estado no está violando ninguna ley federal de inmigración ni de ninguna otra clase.

“El gobierno federal alega que aquí estamos haciendo cosas ilegales e interfiriendo en la aplicación de la ley migratoria”, dijo el procurador. “Nuestra respuesta es que nuestras leyes trabajan en concierto con las leyes federales, no en contra”.

El procurador de la nación, Jeff Sessions, ha demandado a California por tres leyes que fueron aprobadas por su legislatura y firmadas por el gobernador. Sessions, como es su costumbre, utilizó un tipo de retórica radical al alegar que el estado intentaba separarse de la nación y transgredir la ley federal.

“Tengo mucha confianza en que, de nuevo, los tribunales nos darán la razón, porque no estamos ignorando ningún estatuto federal y lo que hacemos es defender el derecho de nuestra gente a decidir lo que nos corresponde”, dijo Becerra.

El procurador explica de nuevo su punto de vista sobre las acusaciones de Sessions sobre la ley “santuario” de California y la disputa con Sessions.

“Lo que causa el conflicto es que el gobierno federal quiere que California haga el trabajo que debe de hacer inmigración. Detener a alguien por inmigración no es obligación del estado sino del gobierno federal”, apunta Becerra.

Por otro lado, California no puede impedir que ICE haga su trabajo, explica.

Pero Sessions quiere que California vaya más allá de lo que manda la ley federal y no solo convierta a sus policías en agentes migratorios sino acceda a, por ejemplo, detener a una persona solo para que la recoja ICE, apunta Becerra.

“ICE no puede decir, detenme a esta persona unos días, aunque ya no hay razones para que esté en la cárcel, para que yo pueda ir a buscarla”, agregó. “Varias cortes ya han dicho que eso es detención inconstitucional”.

Becerra no sólo se ha ocupado del tema de inmigración. La mitad de las demandas que ha presentado contra el gobierno de Trump tienen que ver con decisiones de Washington sobre el medio ambiente y el efecto que estas van a tener en California.

Entre ellas, por ejemplo, Becerra hizo causa común con otros 11 procuradores estatales para demandar a la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) sobre su decisión de suspender una regla de 2015 que protege la calidad del agua.  Igualmente, se sumó a 15 procuradores para demandar a  EPA en torno a su falta de control sobre las emisiones de gas metano en la explotación de petróleo y gas natural.

El uso de demandas para detener decisiones de Washington no es algo nuevo, pero Becerra considera que la mejor herramienta a su alcance para defender a California de los embates de Trump, utilizando la ley y el poder judicial.

“En este país podemos tener diferencias políticas y decir lo que queremos. Al mismo tiempo tenemos que saber que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el ocupante de la Casa Blanca”, apuntó el procurador.