Trump y la EPA usaron una investigación “inverosímil” para defender camiones megacontaminantes

Trump ha permitido circular por las autopistas a camiones que arrojan hasta 400 veces más hollín del habitual. Pero, a partir de ahora, ser descubierto al volante de uno de estos megacontaminantes en California acarreará una multa mínima de $25,000 dólares en virtud de la medida que los legisladores aprobaron por unanimidad (73 a 0, incluyendo el apoyo de 25 republicanos).

La indignación se extiende por todo el país en respuesta al apoyo de la administración Trump a una industria que vende camiones que funcionan con motores diesel reconstruidos. Estos vehículos parecen nuevos desde el exterior, pero están equipados con motores reutilizados que, según los propios expertos de la EPA, amenazan con producir suficiente hollín cada año como para causar hasta 1,600 muertes prematuras.

Scott Pruitt, jefe de la Agencia de Protección Ambiental, ha intentado justificar la medida al citar un estudio financiado con fondos privados que afirmaba que los camiones no causaban más contaminación de la habitual, pero ahora incluso la universidad que realizó dicha investigación ha puesto en duda eso.

Sin embargo, la cruzada de la EPA para levantar una prohibición de la época de Obama a estos vehículos altamente contaminantes conocidos como “planeadores” persevera, en gran medida a instancias de un pequeño grupo de activistas a la derecha y un generoso donante político, el empresario de Tennessee Tommy Fitzgerald, quien se ha reunido en privado con Pruitt y realizó un evento de campaña en 2016 para Trump en una de sus instalaciones. Él dice que restringir la venta de los camiones y los kits para construirlos pone en peligro 22,000 empleos.

Pruitt afirma que las restricciones en los camiones fueron un mal uso de las regulaciones de la Ley de Aire Limpio. Al anunciar la reversión, su agencia ignoró sus propios hallazgos sobre cuánto daño ambiental causan los vehículos. En cambio, citó un nuevo estudio de la Universidad Tecnológica de Tennessee, financiado por Fitzgerald, que concluyó, asombrosamente, que estos camiones no eran más nocivas para la calidad del aire que aquellos con motores nuevos.

Los resultados del estudio fueron una sorpresa para los expertos de la EPA, y también para la facultad de ingeniería de Tennessee Tech, la cual, según David Huddleston, profesor de ingeniería en la universidad, “tiene habilidades en algunas áreas, pero nunca ha trabajado en el área de la contaminación del aire”.

Y es que el estudio fue dirigido por un vicepresidente de la universidad que carecía de cualquier formación de ingeniería de nivel de posgrado, y se llevó a cabo en una instalación propiedad de Fitzgerald. La presidenta y representante de Tennessee Tech, Diane Black (republicana de Tennessee), quien aceptó más de $200,000 dólares en donaciones políticas de Fitzgerald, presionó a Pruitt para que aceptara la investigación.

El estudio de Tennessee quedó rápidamente bajo sospecha. Las notas de las discusiones entre los científicos de la EPA y sus autores revelaron importantes fallas. Los científicos de EPA luego actualizaron sus propias pruebas, confirmándose que estos camiones son sustancialmente más contaminantes que los recién fabricados.

El jefe del departamento de ingeniería de Tennessee Tech descartó la conclusión clave del estudio como un “reclamo descabellado, científicamente inverosímil” por parte de un equipo de investigación que no incluía “ningún ingeniero acreditado y calificado”. El Senado de la facultad aprobó una resolución exigiendo que la universidad revoque su apoyo al estudio y lance una investigación.

A fines de febrero, la universidad solicitó a la EPA que dejara de usar o referirse al estudio, en espera de una investigación que todavía no ha concluido.