Así se mueve el dinero ilegal “bajo la mesa’’ en las campañas en México

Las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 1 de julio

Este 2 de junio, los originarios de la ciudad de México que viven en el extranjero van a poder votar por un diputado chilango.

Este 2 de junio, los originarios de la ciudad de México que viven en el extranjero van a poder votar por un diputado chilango. Crédito: EFE

MEXICO.- Un empresario, pariente o amigo financia campañas electorales ilegalmente simulando compra de bienes con empresas “fachada”, obtiene un comprobante de gasto válido –aunque la compra/venta no se hubiera realizado–, deduce impuestos y malamente destina esos recursos para apoyar a un candidato.

Un burócrata es obligado a “donar’’parte de su sueldo al candidato del partido gobernante, del que depende su puesto de trabajo, y si se niega o protesta es despedido sin indemnización porque en la mayoría de los casos son puestos laborales de “confianza’’, es decir, con un contrato de trabajador independiente.

Un narcotraficante quiere que las autoridades lo dejen tranquilo para moverse a sus anchas en el tráfico, venta de droga, secuestros, extorsiones y asesinatos y garantiza su impunidad con billetes en efectivo a los políticos que no los registran en las tesorerías de los partidos ni en ninguna parte.

Estos ejemplos de financiamiento ilegal durante las campañas políticas son parte de los hallazgos de la investigación “Dinero bajo la Mesa. Financiamiento y Gasto Ilegal de las Campañas Políticas en México” de la organización Mexicanos contra la Corrupción.

La organización civil busca modificar la actual ley electoral que por un lado da dinero a manos llenas a los partidos: este año recibieron 11, 844 mil millones de pesos que exceden hasta 11 veces más del total que recibe el CONACyT, una de las instancias de investigación  más importantes de México; y, por otro, no fiscaliza de manera adecuada.

En entrevista con este diario,  Luis Carlos Ugalde, Director General de Integralia Consultores, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE) y uno de los investigadores del proyecto, explicó que el problema podría solucionarse con una legislación adecuada y presión social.

“‘Proponemos aumentar las multas (actualmente son del 3.6% del total del dinero que reparte el INE) y modificar las leyes electorales para que el delito se tipifique como ‘peculado electoral’, que se castiga con cárcel, y no sólo con cobro de dinero que los partidos cubren sin problemas: hasta con el dinero obtenido ilegalmente’’, dijo.

“Por parte de la sociedad proponemos que el voto sea obligatorio y, de lo contrario, que sea  sancionada de algún modo para acabar con la abstención de votos. Además promovemos el voto electrónico que sería la manera más directa de vigilarlo desde una base de datos’’.

¿En qué usan los partidos el dinero ilegal en campañas? La investigación concluyó que principalmente en la compra, movilización e inhibición del voto, así como el pago de estrategas de campaña y de cobertura en medios de comunicación.

“Es excesiva la cantidad de dinero que manejan los políticos. Por cada peso que se reporta como gasto ejercido en una campaña de gobernador —por ejemplo—, hay 15 pesos que se mueven debajo de la mesa, que nunca se reportan y cuyo origen se desconoce’’, señaló María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Primero.

El estudio la organización se basó en la revisión de las 15 elecciones estatales realizadas en 2015 y 2016, entrevistas gobernadores, candidatos, operadores políticos, estrategas de campaña, asesores, empresarios, funcionarios públicos, encuestadores, directores de medios y periodistas.

La conclusión es tajante: el dinero bajo la mesa es una practica generalizada que todos los partidos —en mayor o menor grado— la practican.

“El INE no cuenta con los recursos humanos, financieros o técnicos suficientes para fiscalizar las millones de operaciones que se generan en el proceso electoral”, dijo Casar.

Mexicanos primero sugiere aprovechar la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior a la Federación y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para perseguir el delito y no dejar solo al INE.

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